Un año de proximidad territorial
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos hizo público el resultado de su primer año de gestión, marcado por una estrategia basada en la presencia directa en el territorio: se recorrieron los 36 municipios y se abrieron espacios de diálogo con comunidades, organizaciones civiles, servidores públicos y la academia. Ese proceso sentó las bases para la elaboración de la Agenda Pública de Derechos Humanos 2025-2028, construida con la participación ciudadana.
"Una institución que protege derechos debe estar donde están las personas, escuchar sus voces, comprender sus realidades y construir soluciones junto con ellas."
De acuerdo con el informe, más de 2,400 personas participaron en los Diálogos Regionales y Municipales; además se aplicaron encuestas de percepción y diagnóstico y se desplegaron módulos itinerantes de asesoría jurídica para acercar la atención institucional a distintos puntos del estado.
- Se establecieron siete líneas estratégicas en la Agenda Pública para enfocar la acción institucional.
- Se priorizaron temas como acceso a la justicia, atención a víctimas, inclusión y educación en derechos humanos.
- Se formalizó la colaboración con autoridades y organismos nacionales e internacionales.
El acompañamiento de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos figura como parte del proceso, lo que, según la Comisión, corroboró que el diseño de políticas públicas beneficia de combinar estándares internacionales con conocimiento local.
Convenios y coordinación institucional
En el lapso presentado la Comisión suscribió 119 convenios de colaboración con ayuntamientos e instituciones, una muestra de la apuesta por la coordinación interinstitucional para implementar la agenda surgida de la consulta ciudadana.
| Concepto | Registro |
|---|---|
| Municipios recorridos | 36 |
| Participantes en diálogos | 2,400+ |
| Convenios suscritos | 119 |
La agenda identificó prioridades y definió siete ejes estratégicos orientados a mejorar el acceso a la justicia, ampliar la atención a víctimas, promover la inclusión y fortalecer la educación en derechos humanos y la participación ciudadana, además de apuntalar la coordinación entre instituciones.
Implicaciones para la ciudadanía
Para la población morelense, la apuesta por la presencia institucional y la articulación local significa, en teoría, mayor acceso a orientación jurídica y canales de denuncia más próximos. No obstante, la transición de diagnósticos y convenios a acciones concretas requerirá del seguimiento público y de la asignación de recursos por parte de los ayuntamientos y del propio gobierno estatal.
Los instrumentos creados —la Agenda y los acuerdos de colaboración— serán vigentes en tanto las autoridades y la sociedad mantengan el impulso para traducirlos en programas, protocolos y mecanismos de atención efectivos en municipios donde las brechas en acceso a la justicia y protección de víctimas siguen siendo una realidad.
El balance difundido marca el compromiso institucional de priorizar la dignidad humana en las decisiones públicas; el reto de los próximos años será demostrar que ese compromiso se traduce en mejoras palpables en la vida cotidiana de las y los morelenses.
