Acuerdo para mejorar atención municipal
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes (CDHEA) y el Ayuntamiento de Aguascalientes formalizaron un convenio para coordinar acciones orientadas a promover el respeto y la protección de los derechos humanos en el ámbito municipal. El acto protocolario se realizó en el Salón Presidentes de Palacio Municipal y reunió a funcionarios de ambas instituciones.
El acuerdo plantea como eje principal el diseño e impulso de procesos de capacitación dirigidos al personal del Ayuntamiento, con el propósito de dotar a las y los servidores públicos de herramientas prácticas para ofrecer una atención más respetuosa y centrada en la dignidad de las personas.
Durante la firma, las autoridades destacaron la necesidad de una coordinación permanente entre las instancias para traducir los principios de derechos humanos en procedimientos municipales que beneficien a las familias de la capital. El convenio busca consolidar mecanismos que faciliten la atención con enfoque de derechos en áreas de contacto directo con la ciudadanía.
- Objetivo: Fortalecer la promoción, respeto y protección de derechos humanos en el municipio.
- Medida clave: Programas de capacitación para servidores públicos municipales.
- Ámbito: Implementación de protocolos y acciones coordinadas entre CDHEA y Ayuntamiento.
En el acto estuvieron presentes los firmantes y representantes institucionales, lo que da marco formal al convenio y establece la ruta para su ejecución en los siguientes meses.
| Representante | Cargo |
|---|---|
| Enrique de Loera | Ombudsperson de la CDHEA |
| Leonardo Montañez Castro | Presidente municipal de Aguascalientes |
| Yadira Salas Aguilar | Síndica procuradora |
| Luis Enrique García López | Secretario del Ayuntamiento y director general de Gobierno |
| Gerardo Misael Girón Montoya | Secretario general de la CDHEA |
Para la población, este convenio significa la posibilidad de una atención municipal más informada en derechos y de canales institucionales mejor articulados para la prevención de violaciones y la atención oportuna de quejas. La implementación concreta de las capacitaciones y los indicadores que se utilizarán para medir su impacto serán claves para evaluar los resultados.
La coordinación entre el organismo local de derechos humanos y el gobierno municipal marca un paso formal hacia la institucionalización de buenas prácticas en el servicio público, pero su eficacia dependerá de la voluntad política y de la asignación de recursos para ejecutar las acciones pactadas.
