El proceso de formalización del trabajo en plataformas digitales abrió ya un frente de conflicto laboral en Aguascalientes: el Centro de Conciliación Laboral (CCL) estatal ha recibido los primeros 200 casos de choferes y repartidores que reclaman el pago de utilidades por parte de firmas como Uber, DiDi y Rappi.
Negociaciones y soluciones temporales
Ante la dificultad técnica para determinar la cuantía de utilidades y la postura inicial de las empresas —que niegan la existencia de un vínculo laboral—, el CCL ha recurrido a la negociación de bonos compensatorios para destrabar expedientes. Esa vía ha servido como un recurso práctico mientras se define la naturaleza jurídica de la relación entre las plataformas y sus trabajadores.
El director del CCL, Gregorio Zamarripa Delgado, explicó que las empresas propusieron ante instancias nacionales un modelo contractual que agrupa prestaciones, entre ellas el aguinaldo, lo que ha generado cuestionamientos sobre su conformidad con la ley laboral.
“Un modelo de contrato que compacta prestaciones como el aguinaldo”
Posturas estatales y contexto regional
A nivel nacional la reforma que reconoce ciertos derechos a trabajadores de plataformas todavía enfrenta incertidumbre operativa. Mientras entidades como Jalisco, Nuevo León y Querétaro han remitido las quejas a la Federación, Aguascalientes se alinea con la Ciudad de México y el Estado de México para recibir y tramitar los reclamos directamente. En los casos que requieren cotejo de documentación fiscal, el CCL canaliza los asuntos a la Delegación Federal del Trabajo.
| Entidad | Acción |
|---|---|
| Aguascalientes | Admite reclamos y negocia en ámbito estatal |
| Ciudad de México y Estado de México | Admiten y tramitan reclamos |
| Jalisco, Nuevo León, Querétaro | Remiten las quejas a la Federación |
Problemas conexos: seguridad privada y fraudes
Paralelamente, el arbitraje laboral estatal enfrenta prácticas fraudulentas en el sector de la seguridad privada. Empresas informales han incurrido en despidos injustificados, jornadas excesivas y evasión de acuerdos; además, según la autoridad, su modalidad consiste en simular convenios y después desaparecer de sus domicilios fiscales, lo que impide embargos y obliga al CCL a remitir casos a la Fiscalía General del Estado para la investigación penal.
- 200 expedientes recibidos por el CCL.
- Empresas proponen contratos que agrupan prestaciones; su legalidad está cuestionada.
- El CCL ha recurrido a bonos compensatorios como solución temporal.
Para la ciudadanía y para quienes trabajan en plataformas, la situación implica un periodo de transición con soluciones parciales y con impacto directo en los ingresos y condiciones laborales de cientos de conductores y repartidores en el estado. La manera en que las autoridades locales y federales resuelvan estos casos marcará un precedente para la regulación y protección de quienes prestan servicios mediante aplicaciones digitales.
