Investigación federal destapa operación de contrabando en la frontera
Una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) puso el foco en Matamoros por una trama de huachicol que, según la indagatoria, permitió la entrada de 144 millones de litros de combustibles en apenas 52 días a mediados de 2025. La operación, articulada mediante 291 pedimentos de importación declarados como “solución de cloruro de calcio”, habría utilizado la aduana local para el paso de 1,366 ferrotanques que realmente transportaban diésel, gasolina y nafta ligera.
De acuerdo con la información disponible, el esquema se habría ejecutado del 1 de junio al 22 de julio de 2025. El caso, retomado por medios nacionales, ha sido descrito así por el periodista Abel Barajas en Reforma:
“Es considerado el mayor caso de contrabando de Estados Unidos a México”.
Red, actores y rutas que apuntan a la región
La indagatoria atribuye los trámites de importación a la agencia Servicios Aduanales JR, con destino a las empresas Ferroservicios y Jumandi Group. Ya en patios de transportistas en Matamoros, los hidrocarburos habrían sido enviados en tren hacia Aguascalientes, Querétaro y San Luis Potosí. El 21 de julio de 2025, una denuncia anónima detonó un cateo a la agencia aduanal y el aseguramiento de 15 ferrotanques con más de 1.6 millones de litros de diésel y dos con nafta ligera.
Como resultado, un juez federal giró 13 órdenes de aprehensión por delitos de delincuencia organizada y contrabando. A fines de junio de 2026, fueron detenidas siete personas, entre ellas el dueño de la agencia, Armando Riestra Fernández; personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y socios de Jumandi Group. El 12 de junio de 2026, Estados Unidos deportó a Carlos Eugenio Benítez Orta, quien se desempeñó como subdirector de la aduana de Matamoros. La FGR mantiene la búsqueda de seis prófugos, incluidos los tenientes coroneles Armando Barrera Trujillo y Blas Pedro Sarabia García, señalados como ex titulares de la aduana local.
Lo que está en juego para Matamoros
El caso tiene implicaciones directas para la ciudad: la afectación a la recaudación fiscal, la presión sobre los controles en la aduana local y el impacto en la cadena logística regional. Para las y los matamorenses, el desenlace de este proceso marcará la capacidad institucional para contener el contrabando de combustibles, una actividad que distorsiona precios, altera la competencia y eleva riesgos de seguridad industrial y vial en corredores ferroviarios y carreteros.
- La investigación identifica el uso de ferrotanques y pedimentos falsos como mecanismo central.
- Las rutas ferroviarias habrían conectado patios en Matamoros con estados del Bajío y Centro.
- Ex funcionarios y mandos militares son señalados; hay órdenes activas y detenidos.
Medidas y efectos esperados en la aduana
Con detenciones en curso y mandamientos judiciales vigentes, se prevén mayores controles en la aduana de Matamoros, revisiones a procesos de verificación de mercancías y ajustes en protocolos con empresas que operan recintos y patios. Una supervisión más estricta podría afectar tiempos logísticos, pero también reforzar la trazabilidad de importaciones y el cumplimiento normativo en operaciones con hidrocarburos.
Para el sector transporte y operadores locales, un reforzamiento de vigilancia conlleva costos de cumplimiento, aunque puede traducirse en condiciones de mercado más equitativas si se reduce el flujo ilegal. Las autoridades federales no han detallado nuevas medidas en la plaza, pero la continuidad de la investigación y la búsqueda de prófugos anticipa acciones adicionales.
Hechos confirmados del caso
| Dato | Valor |
|---|---|
| Periodo de la operación | 1 de junio - 22 de julio de 2025 |
| Volumen estimado | 144 millones de litros |
| Pedimentos usados | 291 |
| Ferrotanques involucrados | 1,366 |
| Aseguramientos | 15 con diésel y 2 con nafta ligera |
| Órdenes de aprehensión | 13 |
| Detenidos (junio 2026) | 7 |
Proceso abierto y seguimiento
La FGR mantiene abierta la investigación y la localización de seis personas. En paralelo, la plaza aduanera de Matamoros enfrenta el reto de afianzar controles internos y colaborar con instancias federales para cerrar brechas que facilitaron la maniobra detectada. La evolución judicial del caso y las acciones administrativas que deriven serán determinantes para restituir confianza en la frontera, proteger la economía local y reducir la exposición a riesgos asociados al manejo y traslado de combustibles.
