Operativo federal concluye detención de presunto jefe criminal que vivía oculto en Chiapas
Elementos del Grupo Especial de Mandamientos Judiciales de la FGJEM y de la SSPC realizaron la captura de Marco Antonio “N”, conocido como “El Kino”, señalado como mando operativo de La Familia Michoacana en Chicoloapan. Según los informes, el detenido permaneció prófugo durante seis años en territorio chiapaneco, donde, aseguran las autoridades, empleó una identidad falsa para evadir órdenes de aprehensión.
La investigación federal le atribuye a este sujeto delitos graves, entre ellos homicidio, extorsión agravada y asociación delictiva. Las indagatorias indican que asumió el control de la célula criminal tras la detención de su antecesor, Brayan “N”, alias “El Panqué”, y habría consolidado un esquema de violencia sistemática en su área de influencia.
De acuerdo con los reportes, el accionar del grupo se orientó a imponer cuotas y coacción sobre el transporte informal, con afectaciones visibles para trabajadores del sector movilidad en el Estado de México. Las víctimas principales, según la pesquisa, fueron mototaxistas y bicitaxistas, sometidos a amenazas, agresiones y destrucción de unidades en caso de negativa a pagar.
- Duración de la búsqueda: 6 años de investigación y seguimiento.
- Duración del trabajo de inteligencia previo al arresto: 3 meses.
- Métodos atribuidos al grupo: uso de armas de fuego, amenazas con materiales inflamables y ejecuciones por impago.
El operativo que terminó con la captura incluyó seguimiento e inteligencia coordinada entre fiscalía y fuerzas federales. Al intentar la detención en Chiapas, el presunto delincuente intentó evadir a pie y presentó documentación falsa al ser intervenido, según la versión oficial.
| Persona | Alias | Delitos atribuidos |
|---|---|---|
| Marco Antonio “N” | “El Kino” | Homicidio, extorsión agravada, asociación delictiva |
| Brayan “N” | “El Panqué” | Predecesor en el liderazgo de la célula |
La captura plantea preguntas sobre la presencia y movilidad de líderes del crimen organizado en Chiapas y sus mecanismos de protección mediante identidades apócrifas. Para la población local, el hecho evidencia que el estado ha funcionado como lugar de escondite para sujetos con procesos en otras entidades, lo que obliga a reforzar labores de identificación y control migratorio y de seguridad.
Asimismo, el caso subraya el daño directo a sectores vulnerables de la economía informal: la imposición de cuotas y la violencia contra quienes dependen del transporte no sólo generan pérdidas económicas, sino que deterioran la seguridad cotidiana de rutas y colonias.
Las instancias federales y estatales encargadas del caso deberán aportar ahora certeza sobre el desarrollo del proceso judicial, la verificación de redes de apoyo locales y las medidas para evitar la reubicación de cabecillas criminales en Chiapas. Para las comunidades afectadas, la recomendación es mantener comunicación con las autoridades municipales y denunciar irregularidades relacionadas con cobros forzosos o amenazas a la línea de seguridad local.
