Predios irregulares limitan proyectos y mantenimiento en Cozumel
El Ayuntamiento de Cozumel identificó entre 15 y 18 predios con rezagos documentales que llevan hasta dos décadas sin resolverse, un problema administrativo que bloquea la realización de obras, el mantenimiento de áreas verdes y la formal incorporación de espacios al patrimonio municipal.
El director de Patrimonio Municipal, Miguel Alonso Coral, detalló que esos terrenos presentan distintos tipos de trabas jurídicas y, en varios casos, ni siquiera pertenecen actualmente a las áreas administrativas correspondientes, lo que obliga a coordinar con instancias estatales para definir su situación legal.
"La tarea de Patrimonio no solo consiste en administrar bienes materiales, sino también en dar certeza jurídica a inmuebles que durante años quedaron atrapados en procesos inconclusos"
Uno de los ejemplos más visibles es el Parque Inviqroo, cuya municipalización se inició hace más de una década y aún no concluye; mientras tanto, el Ayuntamiento tiene limitaciones para destinar recursos a su rehabilitación. Situaciones análogas se detectan en fraccionamientos como Caribe y en colonias de reciente creación.
- Entre 15 y 18 predios con rezagos documentales.
- Expedientes con retrasos de hasta 20 años.
- Impacto en parques, áreas verdes y otras obras públicas.
Según el funcionario, una de las causas recurrentes es que desarrolladores no concluyen los trámites de entrega o donación de terrenos comprometidos al municipio, lo que deja a estos espacios en un limbo administrativo pese a que son usados por la comunidad.
| Concepto | Dato |
|---|---|
| Predios con rezago | 15–18 |
| Antigüedad máxima del rezago | 20 años |
| Ejemplo representativo | Parque Inviqroo |
La definición y regularización de estos terrenos es clave para que el municipio pueda destinar recursos a rehabilitación de parques, creación de espacios comunitarios y mejorar la prestación de servicios municipales. Mientras persistan los rezagos, las autoridades enfrentan limitaciones presupuestarias y administrativas para intervenir las áreas que la población ya utiliza.
El avance en la actualización jurídica dependerá de la coordinación interinstitucional, la revisión de expedientes y, en su caso, de que desarrolladores concluyan los procesos pendientes de entrega. Para la ciudadanía, la resolución de estos casos significa acceso a mejores espacios públicos y la posibilidad de ejecutar proyectos locales que estaban detenidos por la incertidumbre legal.
