Condena histórica por feminicidio y agresiones en Azoyatla
Un tribunal emitió una condena de 172 años de prisión contra Marco Antonio “N”, exintegrante de la Policía Municipal, al acreditarse su responsabilidad en el feminicidio de su expareja, Rosaura, así como en la muerte de otras dos personas y lesiones a dos más durante un ataque ocurrido el 5 de febrero de 2025 en la comunidad de Azoyatla, municipio de Mineral de la Reforma.
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) informó que la Fiscalía de Delitos de Género y Trata de Personas presentó un conjunto probatorio amplio durante el proceso. Entre las pruebas que constan en la carpeta se incluyen 36 testimonios, documentos, dictámenes periciales y material fotográfico que, según la autoridad, permitieron acreditar la participación del ahora sentenciado.
- Hecho principal: feminicidio de Rosaura.
- Víctimas fatales: la víctima principal, su madre y un hermano.
- Víctimas lesionadas: el padre y otro hermano, quienes sobrevivieron con diversas lesiones.
Durante la etapa de individualización de sanciones, celebrada el 9 de julio, el Tribunal determinó la pena máxima señalada, además de ordenar el pago por concepto de reparación integral del daño en favor de las víctimas indirectas.
El caso había conmocionado a la comunidad local y a organizaciones por el componente de violencia de género y por la condición del agresor como exelemento de la policía municipal. Familiares y personas cercanas a la víctima señalararon que Rosaura había presentado denuncias previas por presunto acoso del entonces agente, y que las hostilidades continuaron antes del ataque.
| Concepto | Detalle |
|---|---|
| Pena impuesta | 172 años de prisión |
| Hechos | Agresión con objeto punzocortante el 5 de febrero de 2025 |
| Pruebas presentadas | 36 testimonios, peritajes, documentales y fotográficas |
La resolución judicial y la documentación aportada por la Fiscalía refuerzan la investigación sobre violencia contra las mujeres y el uso indebido de funciones por parte de servidores públicos. Para la población de Mineral de la Reforma y municipios cercanos, la sentencia representa una respuesta formal del sistema de justicia frente a un caso de alta repercusión social.
Quedan pendientes, según lo señalado por la autoridad, las medidas de reparación a favor de las víctimas indirectas y el seguimiento de cualquier recurso legal que el condenado pudiera interponer.
