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El posible conflicto de interés en la compra de un departamento tiene a la cabeza de las fuerzas armadas en el ojo del huracán.
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Luis Cresencio Sandoval, el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), adquirió un departamento de 407 metros cuadrados en el exclusivo fraccionamiento Bosque Real, en Huixquilucan, Estado de México, a una empresa que ha sido contratada por la dependencia que dirige.
Según una investigación realizada por la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el proveedor de la Sedena es Protective Materials Technology S.A. de C.V., una empresa dedicada a la fabricación y venta de placas balísticas para chalecos antibalas. La representante legal y accionista de esta empresa es Alejandra Aguilar Solórzano, quien le vendió el departamento a Sandoval en febrero de 2020, según consta en la declaración patrimonial del secretario.
Aguilar Solórzano es hija de Alfredo Aguilar Amezcua, un militar retirado que recibe una pensión del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) y que ha fungido como apoderado de la compañía.
En 2022, Protective Materials Technology S.A. de C.V. obtuvo un contrato con la Sedena por 319.4 millones de pesos para el abastecimiento de 48 mil juegos de placas balísticas.
El departamento que compró Sandoval está valuado en más de un millón de dólares, según los precios del mercado inmobiliario en la zona; sin embargo, el secretario reportó ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) que el valor de adquisición fue de 9 millones de pesos.
Esta diferencia ha generado sospechas sobre el origen y destino de los recursos del secretario, así como sobre un posible conflicto de interés al comprarle un inmueble a un proveedor de la Sedena.
Organizaciones como MCCI y Transparencia Mexicana han exigido al gobierno que transparente las evidencias sobre esta operación y que aclare si hubo algún tipo de favoritismo o corrupción en el contrato otorgado a la empresa.
Asimismo, han solicitado que se investigue a otros funcionarios y militares que pudieron estar involucrados o beneficiados por esta relación comercial.
Por su parte, algunos legisladores de la oposición han pedido que se cite a comparecer al secretario ante el Congreso para que explique su situación jurídica y patrimonial; no obstante, hasta el momento no se ha iniciado ningún proceso judicial contra Sandoval ni se ha informado sobre el avance de las indagatorias. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha defendido al funcionario y ha asegurado que no hay pruebas en su contra.
El caso del secretario Sandoval ha puesto en evidencia las debilidades del sistema de fiscalización y rendición de cuentas en México, así como la falta de transparencia y control sobre los recursos públicos.
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