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Las carpetas de investigación se están integrando bajo la óptica de delincuencia organizada.
Tomada de Twitter
Quince exfuncionarios y ocho socios de empresas fueron acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) ante un juez federal, por los presuntos delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, en relación con una supuesta adquisición irregular de azúcar para Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).
Segalmex es un organismo creado en 2019 por el presidente Andrés Manuel López Obrador para favorecer la producción del maíz, frijol, arroz y trigo, y asegurar su adquisición a precios de garantía en beneficio de la población más necesitada de México.
Roberto Salcedo Aquino, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), afirmó que las denuncias presentadas ante la FGR por el desastre financiero en Segalmex se están investigando como delincuencia organizada.
“Es importante aclarar que, con la información actualizada a la fecha, se encuentran en la FGR 38 denuncias presentadas por la Procuraduría Fiscal de la Federación, la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera), la SFP (Secretaría de la Función Pública) y la propia FGR por la presunta comisión de delitos que podrían haber ocasionado un daño patrimonial a Segalmex, Linconsa y Diconsa”, indicó.
Las carpetas de investigación de las 38 denuncias que se presentaron ante la FGR por uso ilícito de atribuciones y facultades que dejaron montos observados por 9 mil 500 millones de pesos en Segalmex, Liconsa y Diconsa, se están integrando bajo la óptica de delincuencia organizada, informó Salcedo.
Por ello la FGR presentó una nueva investigación ante un juez de distrito con sede en Oaxaca, quien concedió varias órdenes de aprehensión y autorizó 10 cateos a diversos inmuebles.
La actual carpeta de investigación indaga una contratación del 24 de abril de 2020 a la razón social Servicios Integrales Carregin, SA de CV, para la adquisición de 25 mil toneladas de azúcar, por un monto de entre 418 y 465 millones de pesos es distinta a la iniciada previamente por el presunto uso indebido de recursos públicos de Segalmex para la compra de certificados bursátiles, hecho por el que ya fue vinculado a proceso un exfuncionario.
La FGR investiga la razón del pago adelantado a Carregin aun cuando la empresa no ha entregado la totalidad del producto comprometido, la falta de contrato formal que amparara la adquisición y la irregularidad de solo contar con una “hoja de pedido”.
De acuerdo con los datos recabados por la fiscalía, al parecer existió un acuerdo entre exfuncionarios y empresarios para favorecer específicamente a ese proveedor, que fue contratado de manera directa y sin licitación de por medio.
La fiscalía solicitó nuevas órdenes de aprehensión contra exservidores públicos que fungieron como directores, subdirectores, gerentes, subgerentes y jefes de almacenes rurales de Segalmex, pero ninguna en contra de Ignacio Ovalle, a pesar de que este fue titular de dicha institución
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