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La funcionaria federal habría beneficiado con la adjudicación directa de contratos a su pareja sentimental.
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El órgano de control interno del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) inició un procedimiento administrativo en contra de una funcionaria de la institución financiera del gobierno de México por presuntos actos de conflicto de interés entre servidores públicos y la supuesta entrega de contratos a familiares.
Se trata de María Cristina Prado Castañeda, titular de la Coordinación Técnica Administrativa de Banobras, en el cargo desde el 1 de diciembre de 2019
De acuerdo al oficio 47530/2022, la funcionaria federal habría beneficiado con la adjudicación directa de contratos a su pareja sentimental, identificado como Benjamín Joaquín Guzmán Escorcia, quien actualmente se desempeña como subgerente adscrito a la misma oficina de Prado Castañeda.
En 2021, Banobras adjudicó dos contratos DAGA/017/2021 y DAGA/018/2021 a los prestadores de servicios Edgardo Manuel López García y Benjamín Joaquín Guzmán Escorcia, refiere la investigación del órgano de control interno de la institución financiera.
Ese mismo año ambos proveedores fueron contratados para laborar directamente en la Coordinación Técnica Administrativa de la dependencia federal, lo que deja al descubierto el conflicto de interés y que la funcionaria federal incurrió en posibles “faltas administrativas graves”.
“No actuaron conforme a las leyes porque adjudicaron contratos a familiares; no actuó con rectitud pues utilizaron el empleo para beneficiar a su pareja; no cumplió con el interés superior pues aumentaron la plantilla laboral lo que va en contra de la austeridad republicana, dando preferencia a intereses personales”, señala el expediente que se puede consultar en el portal de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Otra de las acusaciones que la investigación ha dado es que la funcionaria no se ha sujetado a los principios de austeridad porque crearon plazas a modo para beneficiar a amigos y familiares.
La investigación no ha concluido y se mantiene abierta para deslindar responsabilidades y reparar el posible daño a la administración pública.
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