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Un tratado comercial no es violación a la soberanía, es ejercicio de ella.
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Seriedad es lo que se nos pide. Intentémosla.
El inicio de consultas solicitado por los gobierno de Estados Unidos y Canadá a México por supuestas violaciones al T-MEC estaba más que anunciado. Las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, la "estrategia" de comercialización de gas natural y ciertas resoluciones y/o omisiones de la Comisión Reguladora de Energía establecen reglas que impiden la entrada y anulan la capacidad de competir de los inversionistas privados, al tiempo de ceder los mercados a Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad.
Hay una gran diferencia entre fortalecer a estas empresas públicas y proteger sus intereses comerciales mediante esfuerzos de inversión, logística y productividad, por un lado, y cerrar oportunidades para unos y otorgar ventajas artificiales para otros a través de un uso indebido de la política regulatoria, en el otro extremo.
Por supuesto que hay afectaciones a intereses extranjeros, pero también. Se está creando un deterioro a lo largo de toda la cadena de valor que golpea a sus participantes, usuarios, consumidores finales y a la economía en general.
A pesar de la negación de violaciones y del argumento falaz de que "el T-MEC no aplica al sector de energía" o de que "no puede limitar la soberanía", basta con analizar el alcance de capítulos específicos, como el de Trato Nacional y Acceso a Mercados, Inversión y Empresas Propiedad del Estado, de cara a las medidas señaladas para concluir si estas últimas son incompatibles.
Eso es lo que haría el panel de solución de controversias, que seguramente será establecido una vez agotado el plazo formal de consultas
El reclamo no es político, se trata de un cauce institucional pactado con nuestros socios comerciales más importantes para solucionar controversias que pueden ir surgiendo a través del tiempo.
Al Derecho Internacional debemos tomarlo con seriedad, sobre todo considerando la importancia de nuestra integración con América del Norte.
Los tratados no son restricciones a la soberanía, sino un ejercicio legítimo de la misma, más aún cuando generen cierta autocontención para buenas causas, como la de proteger los Derechos Humanos o favorecer el desarrollo económico; asimismo, el derecho interno jamás puede ser pretexto para apartarnos de nuestros compromisos internacionales.
La determinación de una violación obligaría la eliminación de la disconformidad o el pago de una compensación que, de no ser acordada entre las partes, conduciría a una costosísima suspensión de beneficios equivalentes que lastimaría a diversos sectores industriales y agrícolas del país y propiciaría una nueva espiral de conflictos comerciales.
Una mala administración de este asunto, o la insistencia de que el T-MEC no puede obstaculizar la manera en que el gobierno federal adopta sus políticas y decisiones, desnaturaliza y resta valor útil a este instrumento, lo que complicaría y elevaría el costo de una futura renegociación que necesariamente tendrá que llevarse a cabo, pues, a diferencia de lo que preveía el TLCAN, el T-MEC tiene una duración finita.
Con información de Reforma.
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