Los presos políticos de Cuitláhuac

Twitter: @CuitlahuacGJ

Por: Redacción

• 26/07/2022

Cual vaso de agua, en Veracruz nadie le niega la cárcel al político ajeno.

Una decena de políticos encarcelados por causas judiciales plagadas de irregularidades en un Estado dónde aún hay presos por ¡ultraje a la autoridad!

La tarde del 27 de noviembre pasado, en un retén en una carretera del norte de Veracruz, Tito paró su andar. exdiputado local con más de 10 años en política, pensó que se trataba de un operativo rutinario. Se bajó del auto y se identificó, fue entonces que sin mediar explicación la policía se lo llevó preso.

Su hija, Alicia Delfín, que viajaba con él, asegura que nunca les dijeron de qué se trataba ni les mostraron una orden de aprehensión. “Ni un papel”. Desde entonces, quien era candidato a la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional está en la cárcel.

José Manuel del Río Virgen, secretario técnico del Senado tiene otra historia, también de finales del año pasado. Viajaba con su esposa cuando le salió una camioneta de la nada y le cerró el paso. Tres hombres armados, pensó, trataban de secuestrarlos, pero no, era la policía que ejecutaba una orden de aprehensión en su contra por un supuesto homicidio. Estuvo en la cárcel desde aquel 22 de diciembre hasta el pasado 17 de junio, cuando fue exonerado.

Como ellos, al menos una decena de políticos de partidos opositores al gobierno de Cuitláhuac García cayeron en prisión por aquellos días. Un puñado de casos que se suman a decenas de causas judiciales plagadas de irregularidades que ya había y sigue habiendo en Veracruz, entre ellas, la detención de los tres funcionarios que estuvieron a cargo del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) hasta 2020.

En Veracruz todavía hay personas detenidas por “ultraje a la autoridad”, un delito invalidado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La liberación de Del Río trae esperanza a Tito Delfín, nos cuenta su hija. No lo sabían entonces, pero aquella noche que le detuvieron le achacaban delitos de incumplimiento del deber legal, abuso de autoridad y fraude. Le señalaban por haber hecho mal uso de los fondos públicos cuando era alcalde en 2011 de la ciudad de Tierra Blanca. La raíz de la causa son unas plantas de tratamiento de agua que le acusan de no haber construido, explica su hija Alicia Delfín.

“Las plantas sí están, pero nunca recibieron mantenimiento”. La causa aún no se ha judicializado, asegura, porque “no tienen nada” contra él. “Además, los delitos ya prescribieron”.

Hacer campaña en uno de los países con más homicidios de políticos —solo en los comicios del año pasado se registraron 782 agresiones contra políticos y candidatos— era ya un tema de debate para la familia de Delfín.

“Platicamos antes de la campaña sobre lo que enfrentábamos, pero jamás nos imaginamos que esto podía pasar”, dice la hija, “ha sido muy difícil para toda la familia”.

A Tito Delfín le dictaron prisión preventiva por un año y lo encerraron en el penal de Pacho Viejo. Su defensa espera ahora la respuesta a un amparo que presentaron.

Yolli García trabajó seis años como comisionada del IVAI. Antes de llegar al instituto, ocupó cargos como funcionaria pública en Veracruz y Ciudad de México, incluso fue magistrada federal por nueve años. Hoy suma más de dos en la cárcel por los delitos de coalición, abuso de autoridad y ejercicio indebido del servicio público. Le acusan de faltas mínimas, que cada año se registran de a montón en cada dependencia pública. Le culpan de haber nombrado a dos personas en el órgano interno de control cuando no le correspondía y de faltas administrativas en el manejo del presupuesto.

Para su marido, Adán Armenta, es una “presa política”.

“Nadie pensó que fueran a llegar hasta tanto estas personas. Ninguno de los delitos es grave, ¿cuál es el pretexto de tenerla privada de la libertad?”, reclama.

El también abogado litigante asegura que lo que llevó a la cárcel a su esposa fue hacer bien su trabajo. Cuando García ocupaba el cargo, el IVAI hizo públicas dos informaciones que desataron el enojo del gobierno estatal, asegura Armenta: el contrato público por una polémica compra de 160 patrullas y evidencia de un caso de nepotismo por parte del gobierno de Cuitláhuac García.

“Cuando eso pasó, agentes del Gobierno le dijeron que dejara de hacer pendejadas, que se las iban a cobrar”, cuenta.

Durante su paso por la cárcel, la excomisionada del IVAI enfrentó graves problemas de salud que casi acaban con su vida, incluso fue intervenida quirúrgicamente del corazón. Ni eso le sirvió para obtener prisión domiciliaria.

“En este momento está estable, pero su vida está en peligro constante”, dice Armenta.

Su familia ha llevado sin éxito el caso ante los organismos de Derechos Humanos nacionales y locales. Solo les queda esperar, como a Delfín, que haya algún movimiento en la causa judicial.

“Estamos exigiendo que le dicten sentencia, pero no tiene elementos para fincarle responsabilidad penal”, agrega su marido, “la administración de justicia en Veracruz es una burla, debería darles vergüenza”.

Con información de El País.

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