Contra amparos, división de poderes y medio ambiente

Twitter: @TrenMayaMX

Por: Redacción

• 26/07/2022

Siendo jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal violó una suspensión en materia de amparo, por qué no lo haría de nuevo ya como presidente de la República. En el fondo muestra su desprecio por la división de poderes y por el trabajo del Poder Judicial de la Federación.

Veamos la historia: un juez de Distrito, instruyendo varios juicios de amparo, ordenó suspender las obras de una parte del llamado “Tren Maya”. Esa decisión no gustó en Palacio, pero, aún así, se trata de una orden que se debe respetar y que, en caso de ser violada, puede dar lugar a responsabilidades de carácter penal.

Fue entonces que el gobierno se sacó de la manga que la construcción de ese específico tramo del Tren Maya es un tema de seguridad nacional, burda artimaña gramatical y jurídicamente hablando. Es obvio que no cualquier cosa puede ser clasificada de seguridad nacional, y más por la exclusiva voluntad de un servidor público de llamarla así.

El artículo 3 de la Ley de Seguridad Nacional no dispone ningún supuesto donde pueda encajar que una obra como la del Tren Maya pueda ser considerada de seguridad nacional.

Ningún decreto administrativo puede desplazar o dejar sin efecto una orden dictada por un juez federal en aplicación de sus competencias constitucionales. Lo correcto es respetar el mandato de la suspensión de la obra, esperar a que se resuelva en definitiva el juicio y acatar a plenitud lo que se indique en la sentencia. Así se deben conducir las autoridades en un Estado de Derecho, en lugar de intentar darle la vuelta a lo que dictan los juzgadores federales en defensa de la Constitución mexicana.

En un litigio donde está involucrada la defensa del medio ambiente y el derecho a él, nada tienen que ver supuestos intereses “conservadores traidores a la patria”, conceptos que sólo se invocan desde una visión autoritaria carente de argumentos de fondo. La preservación del medio ambiente es algo que nos debe interesar a todos. Quienes piensan que la obra del Tren Maya es un gravísimo ecocidio están en su derecho de acudir a una instancia judicial para que el tema sea estudiado y se resuelva conforme a derecho. No hay nada malo en ello y el ejercicio del derecho de acceso a la justicia no debería molestar nunca a un demócrata. Solamente los tiranos se molestan cuando los ciudadanos ejercen sus derechos constitucionalmente reconocidos.

Estamos en un grave callejón sin salida: un gobierno que decide violar órdenes judiciales deberá rendir cuentas, ahora o en el futuro, sobre su actuación y es probable que eso implique procedimientos penales contra servidores públicos de varios niveles. Pero, mientras eso sucede, una obra sobre la que existen fundadas sospechas de que vulnera el medio ambiente seguirá adelante, generando daños que resultan del todo irreparables.

Ojalá algún día nos quede claro que la legalidad es el terreno de entendimiento común, el espacio en el que todos debemos encontrarnos y en el que estamos llamados a participar de la mejor manera posible. Respetar la Constitución y las leyes no es algo de “conservadores” o de “progresistas”: es una condición indispensable para que todas las posturas políticas puedan dialogar y contribuir a la construcción de un país mejor.

Respetar la Constitución también implica dejar de lanzar amenazas de investigar a jueces federales. Cada juzgador merece total respeto. Si hay alguna duda sobre su conducta, que se encaucen los procedimientos correspondientes, en vez de vulnerar su investidura con señalamientos de origen autoritario.

Y ello sin contar la chicanada de utilizar la ocupación temporal en lugar de la expropiación de predios a afectar.

Y sorprende el silencio de la Corte.


Con información de El Universal.

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