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Seguridad Alimentaria fue creada en enero de 2019 y su primer titular, Ignacio Ovalle, fue relevado a principios de este año tras documentarse el desvío de recursos en el organismo.
Especial
Investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), revelan que desde la Dirección de Administración y Finanzas de Seguridad Alimentaria (Segalmex), a cargo de René Gavira Segreste, operó una red de corrupción que abarcó a los tres organismos encargados de garantizar la producción y abasto de productos alimenticios de primera necesidad para la población más vulnerable —leche, maíz, frijol, arroz, trigo— y que además se ocupan de fijar precios de garantía para pequeños productores agrícolas y agropecuarios del país.
La gestión de Ignacio Ovalle en Segalmex está tomando un rumbo distinto. El expediente incluye a personas del círculo primario del senador Dante Delgado, como son los casos de René Gavira Segreste, Bernardo Fernández y Manuel Lozano Jiménez quienes definían las asignaciones contractuales sin informar a los consejos de administración ni a los responsables jurídicos de cada una de las instancias.
Gavira Segreste, en coordinación con Manuel Lozano Jiménez, ex director comercial de Segalmex, firmaron la asignación de contratos por montos millonarios a empresas fachada, al igual que a compañías que no tenían capacidad o los giros comerciales que requerían las empresas Diconsa y Liconsa.
Entre las supuestas irregularidades sobresalen contratos con Grupo Kosmos, empresa del sector alimentos cuyos dueños financian las aspiraciones de Salomón Chertorivski en la CDMX.
La FGR indaga los reportes de afectación con base en las 39 denuncias presentadas y que están en manos de la Femdo.
La ASF detectó irregularidades financiero-administrativas en los dos primeros años de operación, que sumaron 12 mil 806 millones 651 mil pesos, equivalentes a 16.9% del total de los recursos ejercidos en 2019 y 2020, que ascendieron a más de 75.6 mil millones de pesos.
El expediente contiene datos sobre pagos realizados por Segalmex, Diconsa y Liconsa “por adelantado” por decenas de millones de pesos a transportistas, supuestos productores o centros de almacenamiento que no fueron acreditados correctamente, las inconsistencias van desde registros hechos a mano en documentos que no correspondían a esquemas de contabilidad ni a los programas digitales respectivos.
La investigación de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo) ha arrojado que Segalmex, Liconsa y Diconsa, la Dirección de Administración y Finanzas a cargo de Gavira Segreste utilizaron la contratación por outsourcing a nivel nacional.
La Ciudad de México contaba con 300 plazas con salarios de entre 40 mil y 100 mil pesos mensuales, las cuales ya fueron canceladas. Los supuestos trabajadores cumplían sus funciones a distancia.
René Gavira Segreste era el encargado de las finanzas de la dependencia y coloco dinero del erario en la bolsa, por lo que se le han fincado responsabilidades, pero enfrenta el proceso en libertad.
Tanto René Gavira, Bernardo Fernández y Manuel Lozano se encuentran en investigación por el encubrimiento de operaciones fraudulentas en las que se definían las asignaciones contractuales sin informar a los consejos de administración ni a los responsables jurídicos de cada una de las instancias.
El nivel de corrupción obligó a la FGR a enviar las notificaciones de comparecencia y citaciones de forma inusual ya que al llegar a la oficialía de partes el contenido de las citaciones o solicitudes era transferido casi de inmediato por mensajes de WhatsApp o vía telefónica a los señalados y sus mandos más cercanos
Las irregularidades detectadas en Liconsa ascienden a mil 942 millones 904 mil 70 pesos; en Diconsa, a mil 826 millones 902 mil 238 pesos, y en Segalmex a 9 mil 36 millones 845 mil 576 pesos.
A los funcionarios de Segalmex, la Femdo y la ASF los investigan porque en los acuerdos de compra se estipulaba que no se podía importar leche en polvo, pues el objetivo de estos programas es impulsar el desarrollo de los pequeños y medianos productores, pero se ha adquirido cientos de toneladas de este producto en diversas naciones, entre ellas España, y las ha entregado para su distribución en territorio nacional, señalaron funcionarios federales y ministeriales.
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