Zebadúa, Lozoya II

Twitter: @sofia_spp04

Por: Redacción

• 11/07/2022

Lourdes Mendoza rescata de las tinieblas a un personaje que, por increíble que parezca, a pesar de ser un criminal confeso, no ha sido tocado por la 4T ni con el pétalo de una rosa.

Se trata de Emilio Zebadúa, el ex oficial mayor de Sedesol y de Sedatu. Toda hace parecer que a su alrededor ha construido todo un entramado con funcionarios de alto nivel de la propia FGR y hasta jueces federales. Aquí la historia.

Zebadúa González, quien enfrenta acusaciones por delincuencia organizada, desvío de recursos y ejercicio indebido del servicio público, admitió en una declaración ministerial, en octubre de 2019, haber desviado recursos federales para pagar deudas de campaña y compromisos del expresidente Enrique Peña Nieto, confesión mediante la cual buscó acogerse al esquema de criterio de oportunidad (testigo colaborador).

En aquella declaración admitió también ser el artífice de la triangulación de recursos. El hecho es que no pudo haber actuado sólo, debió contar con todo un equipo que le ayudó a falsificar firmas, redactar convenios, acordar porcentajes y armar entregables, entre otras artimañas, que le permitieron el desfalco por el que es acusado junto con sus hermanos Ramón y Lourdes, a quienes ya se les ha detectado, a través de la UIF, que hicieron gastos injustificables en casinos y casas que compraron en México y Estados Unidos.

En su declaración miniterial, Zebadúa omitió los nombres de sus cómplices, no solo en un afán de protegerlos, sino de que le siguieran siendo fieles y serviles, y vaya que lo ha logrado. A cambio, señaló como chivos expiatorios a varios exfuncionarios de estar implicados en la firma de convenios con universidades e instituciones estatales.

Y, claro, los funcionarios señalados por Zebadúa son todos aquéllos que, en su momento, lo denunciaron por falsificación de firmas, de pruebas, de facturas y de entregables.

Gracias a Zebadúa González, la justicia se ceba contra presuntamente inocentes, mientras se escuda tras una red encargada ahora de sobornar a jueces, fiscales y ministerios públicos para que sigan sus instrucciones de a quiénes deben perseguir y a quiénes no. Indignante, por decir lo menos.

Se sabe que en este caso, han sido muchos los testimonios y declaraciones que la propia fiscalía ha desechado, incluso de la ASF y de la UIF, en las que se señalan cómo, a través de convenios y múltiples documentos falsificados, acabó el dinero del erario en los bolsillos de la propia familia Zebadúa y, en concreto, de su hermano José Ramón Zebadúa, su apoderado legal, y de varios prestanombres cercanos a su familia, como secretarias, ayudantes y choferes.

En Polanco hay dos propiedades que se comunican a través del jardín, Tennyson 125 y Eugenio Sue 98, obvio están bajo prestanombres de Emilio Zebadúa González. En Tennyson se encuentra la empresa Servicios de Estudios Legales y Políticos, SC, cuyo director es Emilio Zebadúa González, y en Eugenio Sue 98 se encuentra el despacho de abogados Zebadúa, Murguía y Luna Ramos Abogados.

De hecho, se comenta, que por la calle de Tenysson entran las camionetas con personajes del Poder Judicial y de la propia fiscalía para recibir apoyos en efectivo a cambio de las declaratorias de culpabilidad o imputación que les señale Zebadúa y que cuentan con los nombres y apellidos de todos.

La casa de Eugenio Sue fue comprada en efectivo entre los años 2017 y 2018.

En el último mes se han acelerado los citatorios para chivos expiatorios con los jueces para formular imputaciones a exfuncionarios que, de acuerdo con Zebadúa, podrían estar vinculados con la llamada estafa maestra y con Emilio Lozoya. Por lo menos en cuatro casos se nota prisa por obtener resultados, algunos hasta con cinco citatorios, aunque los imputados no tengan ni idea del delito que presuntamente cometieron.

Con información de El Financiero.

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