Mujeres líderes, expertas y activistas se reúnen para construir la agenda de género de la CDMX
Durazo cruzó el Rubicón llevando a México al nivel de Cuba, Venezuela y Nicaragua. ¿Prueba contra la libertad de expresión y el derecho a la información?
Pendiente
La pataleta por Assange hasta a la estatua de la libertad quiere quitar, pero su exsecretario de seguridad pública decreta cárcel a quien difunda noticias de inseguridad, incluso en redes personales.
Como lo lee, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, publicó el 6 de junio pasado enmiendas al artículo 167 quáter del Código Penal del estado, donde incorpora el decreto 40, que a la letra establece:
“Al que por cualquier medio y fuera de los supuestos autorizados por la ley audiograbe, comercialice, comparta, difunda, distribuya, entregue, exponga, envíe, filme, fotografíe, intercambie, oferte, publique, remita, reproduzca, revele, transmita o videograbe imágenes, audios, videos o documentos de cadáveres o parte de ellos que se encuentren relacionados con una investigación penal, de las circunstancias de la muerte o de las lesiones que estos presenten, sea en el lugar de los hechos o en cualquier domicilio público o privado, se le impondrá de cuatro a 10 años de prisión y multa por un importe equivalente de 100 a 150 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización”.
Lo que en los hechos y derecho hace Durazo es censurar la cobertura periodística por la vía penal. Ahora se entiende el furor casi extasiado por las dictaduras cubana, venezolana y nicaraguense, con su decretazo, Sonora, avanza en la represión penal de libertades.
Pero no es el único, la Fiscalía General de la República, que tiene abierta una investigación en contra del columnista Mario Maldonado por difundir un material publicado en YouTube, piensa abrir otras contra comunicadores que revelen los entretelones en los que se maneja el fiscal Alejandro Gertz Manero.
Para las organizaciones Propuesta Cívica, Reporteros Sin Fronteras, Comité de Protección de Periodistas de Nueva York y Artículo 19, el decreto 40 de Durazo, no cumple con los objetivos legítimos de reducir la violencia o proteger a las víctimas de esta, sino que generaban un efecto de censura sobre información de relevancia pública, como es la inseguridad.
“Las conductas que castiga este decreto son tantas, que podría generar interpretaciones subjetivas y restrictivas, así como una aplicación discrecional y arbitraria de la misma, en detrimento del ejercicio periodístico, la libertad de expresión y el derecho a informar”, agregaron.
“Los conceptos que utiliza son tan abiertos como ‘compartir’, ‘enviar’ o ‘difundir’, que ponen no sólo a integrantes de la prensa en riesgo de ser injustamente procesados y penalizados, sino incluso a cualquier persona que utilice redes sociales y comparta las mismas noticias o imágenes que reciban”, hacen ver.
El decreto 40 debiera ser derogado por el Congreso, pero su composición es de casi 3 a 1 de Morena y sus aliados contra la oposición.
La búsqueda de cómo censurar a la prensa, no es nueva, desde hace dos años Morena ha buscado fórmulas, propuso un Comité de Autorregulación de la Prensa en el Senado y regular las redes sociales. Y el propio López Obrador, protegido por el Poder Judicial y la CNDH, insulta, difama y lincha a periodistas y medios todos los días, excepto a Assange.
Mientras tanto la violencia en el país crece. 12 periodistas muertos en lo que va del año y contando.
Con información de El Financiero.
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