La Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que las bibliotecas que tienen a su cargo el “depósito legal” no podrán usar las obras y producciones para consulta pública sin la previa autorización de los titulares de derechos de autor.

Sí, como lo oye.

Algo así como incendiar la biblioteca de Aleandría sin quemarla, solo impideindo que su acervo se consulte.

Y, claro, con el pequeño inconveniente de los autores muertos y, por ende, sin posibilidad de otorgar la autorización correspondiente.

La resolución responde a intereses de las casas editoras, no a los derechos del autor.. Vea usted.


De entrada los autores se les fueron a la yugular a los ministros. Atentado a la cultura, con el golpe a las bibliotecas se niega al pueblo el conocimiento, son las opiniones de diferentes usuarios, escritores y editores expresadas en redes sociales.

“Ante el atentado a la cultura que supone la resolución de la SCJN, creo que lo mínimo que podemos hacer como autores es exigir en los próximos contratos con nuestras editoriales que nuestros libros aparezcan con permiso explícito para su préstamo en bibliotecas”, opinó Luis Felipe Fabre, escritor.

Por cierto, el “depósito legal” tiene como función recopilar lo que se publica en literatura, música y audiovisuales en el país. Su objeto es preservar una memoria histórica y las obras se depositan en la Biblioteca de México, Biblioteca del Congreso de la Unión y Biblioteca Nacional de México. Nada más que, ahora, se requerira autorización expresa del autor para poder consultar su obra en estas bibliotecas.


Hugo Setzer, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem), posteó: “Celebramos la determinación de la SCJN esta tarde: La Ley de Bibliotecas debe respetar estrictamente la Ley Federal del Derecho de Autor. No podría ser de otra manera”.

Para Brenda Navarro, escritora, “que use la Ley Federal del Derecho de Autor para coartar el propósito de las bibliotecas, que en todo caso, se alinean a los derechos culturales contenidos en tratados internacionales. A las autoras y autores no se nos consultó”, sostuvo en redes.

Hola Hugo Setzer, como autora me opongo a que usen la Ley Federal del Derecho de Autor para coartar el propósito de las bibliotecas que en todo caso, se alinean a los derechos culturales contenidos en tratados internacionales.
A las autoras y autores no se nos consultó. . https://t.co/6Jzb7yDKuX

— Brenda Navarro ✳ (@despixeleada) June 23, 2022

Luigi Amara, editor y escritor, opinó: “La urgencia de poner candados al depósito legal no proviene de los autores, sino de la industria. No es una defensa del derecho de autor, sino del copyright, es decir, del afán de lucro. Muchos editores no se dan cuenta de que hoy la circulación digital ¡es clave para vender!”

Para Amara, “el ataque que viven hoy las bibliotecas públicas en México, en una supuesta defensa del derecho de autor (que sólo demuestra el afán de lucro obsceno de la industria editorial), es aberrante y atenta contra el derecho fundamental a la cultura”.

Por su parte, Carlos Armenta, de la editorial Casa Impronta, comentó: “Nosotros decidimos no ampararnos en relación a la LGB (Ley General de Bibliotecas), porque en nuestra interpretación de la ley no consideramos que hubiera afectación al ecosistema editorial. Estas resoluciones aclaran que la LGB debe respetar y alinearse a la LFDA, algo que sí era medio ambiguo al principio. Esta ley, por su cuenta, establece limitaciones en los derechos patrimoniales”.

Oigan, nosotros en @casaimpronta decidimos no ampararnos en relación a la LGB porque en nuestra interpretación de la ley, no consideramos que hubiera afectación al ecosistema editorial.

— C. A. (@a_armentacarlos) June 24, 2022

Los amparos a la nueva Ley General de Bibliotecas no solo son de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem), también involucran a la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine), que la tachan de ambigua; el Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos de Autor (CeMPro), así como la Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas y Videogramas, A.C. y Sociedad Mexicana de Productores de Fonogramas, Videogramas y Multimedia (SOMEXFON).

“No nos oponemos al depósito legal. No había problema de cumplir con una figura que lleva casi 200 años funcionando en México. El problema es que ahora no se menciona a la Ley Federal de Derecho de Autor, que sería una de las normas principales para que funcione, no se hace alusión al respeto, ni a la protección a los derechos de los autores”, comentó Quetzalli de la Concha, vicepresidenta de Cempro.

Y Luis Fernando García, director de r3dmx, una Red en Defensa de los Derechos Digital, fue más radical:

“Terrible golpe que la 2a Sala de la SCJN le acaba de propinar a las bibliotecas y al derecho al acceso al conocimiento. Pues la SCJN, a instigación de la industria explotadora, retrógrada y avara de siempre le dio dos golpes terribles a las posibilidades de que las bibliotecas y el "depósito legal" preserven y difundan el acervo cultural y científico en beneficio del pueblo de México”.

Terrible golpe que la 2a Sala de la @SCJN le acaba de propinar a las bibliotecas y al derecho al acceso al conocimiento.

Va hilo para explicar por qué las bibliotecas no podrán digitalizar ni poner a disposición del público obras, sin autorización del titular de derechos.

— Luis Fernando García (@tumbolian) June 23, 2022

Con información de Milenio.


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