Tribunal federal ordena a Samuel García guardar la Constitución

Pendiente

Por: Redacción

• 11/06/2022

Samuel García no solo cae en las encuestas —de 75.1% a 48.6%, de noviembre del 21 a mayo del 22—, sino que le recuerdan que tiene que cumplir la Constitución.

Un tribunal federal le ordenó al gobernador de Nuevo León, Samuel García, cesar de inmediato de hacer juicios de valor y no violar la presunción de inocencia de ex funcionarios estatales, debido a los comentarios que realiza en medios de comunicación y redes sociales, a quienes califica de corruptos y de malos manejos.

Desde hace meses el joven gobernador utiliza una investigación sobre malos manejos en el Isssteleon durante la administración pasada para publicitar su combate a la corrupción. Lo cual está bien y es su obligación. El problema es que al hacerlo violenta el debido proceso y los Derechos Humanos de los presuntos indiciados, no solo sentenciándolos públicamente antes de que inicie cualquier juicio, sino causándoles daño y escarnio.

Así, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, declaró el jueves pasado fundado un recurso de queja que promovió un doctor que fue funcionario público en la pasada administración, a quien se le otorgó una suspensión de plano, medida cautelar que ordena al mandatario estatal no volver a incurrir en dichos actos.

Tribunal federal ordena a Samuel García no hacer juicios de valor y no violar presunción de inocencia.

Durante la discusión del pleno se abordó el tema de si la ley de amparo alcanzaba para obligar al gobernador de tener que desmentirse en público. Finalmente, la medida cautelar quedó en no volver a incurrir en dichos actos.

La discusión abordó también el tema de los derechos de terceros ante las capacidades difusoras de las redes cibernéticas y, de alguna manera, la política espectáculo, que lleva a los candidatos o gobernantes a utilizar aquellas para hacer propaganda en perjuicio, sin embargo, de sus gobernados y en violación a la Constitución.

Fue un ex servidor público señalado por el gobernador García en sus múltiples entrevistas y redes personales y de gobierno, quien promovió un juicio de amparo ante los comentarios que constantemente efectúa el mandatario estatal en su contra.

Cabe señalar que la propia legislación obliga a las autoridades a guardar secreto de los procesos de procuración o impartición de justicia en curso, además de respetar los Derechos Humanos de sus gobernados y, en el caso concreto, la presunción de inocencia.

El ex servidor público promovió un juicio de amparo ante los comentarios que constantemente efectúa el mandatario estatal contra ex funcionarios del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León (Isssteleón). Una fijación que, además de malgastarse en entrevistas, no ha resultado en nada efectivo en el combate a la corrupción, hasta ahora.

El magistrado ponente Rogelio Cepeda Treviño propuso declarar fundado el recurso del quejoso, lo cual fue avalado por sus homólogos Manuel Suárez Fragoso y Sergio Eduardo Alvarado Puente.

Cepeda Treviño explicó que el mandatario estatal ha manifestado que diversos ex servidores públicos del Isssteleón obtuvieron beneficios económicos, cometieron ilícitos, desfalcos e irregularidades financieras, entre otros, situación que afectó gravemente a los derechohabientes del instituto y al erario del Estado.

A su vez, el magistrado Alvarado Puente mencionó que actualmente vivimos un problema recurrente relacionado con el manejo de la información, tanto por particulares como autoridades en los distintos medios de comunicación.

“Este avance de la tecnología, pues nos coloca en una situación en la que muchas de las veces no se establecen los límites legales en la actuación, tanto de particulares como de autoridades y esto nos obliga a que tengamos que resolver las controversias como la que ahora se presenta y judicializar este tipo de situaciones. Muchas de las veces, impera la ignorancia de las propias autoridades.

"Recordemos en torno a la ignorancia a la que me refiero, esa actuación de otro gobernante (el ex gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón) en la que planteó como solución a los problemas el cortar las manos a los delincuentes, y esto es imposible en un Estado de Derecho porque precisamente existe una prohibición establecida en nuestra Carta Magna para ese tipo de situaciones”, dijo.

Para Alvarado Puente es función de la autoridad evitar cualquier ejercicio abusivo del poder, y de estar siempre dentro del camino de la legalidad y dentro del Estado de Derecho.

En meses pasados el gobernador presentó una denuncia por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, defraudación fiscal y evasión, contra ex funcionarios del Isssteléon, asegurando que causaron un daño al erario por 4 mil 900 millones de pesos.

Ahora, por lo pronto, ese juguetito le fue quitado y guardado por el tribunal al gobernador.

Con información de Milenio.


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