Ilegal prohibir vapeadores

canva.com

Por: Redacción

• 04/06/2022

Comerciantes y consumidores de vapeadores clausuraron simbólicamente las instalaciones de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), ubicadas en la colonia Nápoles de la Ciudad de México.

Activistas afines al movimiento de Vapeos Unidos de México colocaron sellos de ‘clausura’ en protesta por incurrir en una serie de medidas ilegales y arbitrarias de las autoridades sanitarias y del gobierno federal, en los que aseguran que han sufrido abusos, mentiras e ilegalidades para impedir la venta y distribución de los vaporizadores.

El presidente de la organización México y el Mundo Vapeando, Juan José Cirión, aseguró que es arbitraria e ilegal la cacería de brujas que han emprendido las autoridades en los últimos días y que derivó en la clausura de por lo menos 70 comercios a lo largo del país (de los cuales poco más de la mitad se localizan en la Ciudad de México), dejando sin empleo a por lo menos 150 personas. Se estima que en todo el país existen alrededor de 600 negocios.

“Estas clausuras ilegales han significado, por un lado, la pérdida del patrimonio del comerciante porque aun y cuando obtendrá con plena seguridad un amparo para llevar a cabo su actividad, lo cierto es que el proceso podría durar meses o hasta un año, tiempo que asfixiará sus finanzas y por consiguiente su negocio, lo cual implicará que decenas de personas pierdan su fuente de trabajo, lo que, a su vez, golpeará duramente la economía de sus familias, a lo cual se suma la difícil situación que enfrentarán miles de personas que utilizan a los vaporizadores como herramienta para abandonar el consumo del tabaco”, expuso el también Maestro en Derecho.

La organización recordó que el 19 de octubre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que es inconstitucional la prohibición para distribuir y comercializar vaporizadores, con lo que homologó su criterio, pues había una contradicción de tesis entre la Primera y Segunda Sala.

A partir de dicha jurisprudencia, que se volvió obligatoria para todos los jueces federales, a cualquier persona que solicite un amparo contra la prohibición de vender dispositivos de vapeo se le concede la figura legal.

Sin embargo, con todo y dicha resolución, el 19 de mayo pasado la COFEPRIS y extrañamente la Secretaría de Gobernación (SEGOB) emitieron una “alerta sanitaria máxima” en contra de los vaporizadores, escudándose en casos de intoxicación por vapeo que hubo en el otoño de 2019 en Estados Unidos pero que, en su momento, la propia autoridad estadounidenses resolvió que dichos incidentes respondieron al vapeo de sustancias ilegales obtenidas en el mercado negro y no por la propia actividad de vapear.

El martes pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto por el que prohibió la comercialización de vapeadores, cigarros electrónicos y cualquier otro sistema alternativo de consumo de nicotina por el contenido dañino para la salud que contienen.

“Los cigarros electrónicos y los productos de tabaco calentado son promovidos como una alternativa para dejar de fumar; sin embargo, su eficacia no ha sido comprobada”, afirmó ese día Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud.

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