El exponencial incremento de la militarización contra migrantes ha profundizado los riesgos y vulnerabilidad e, incluso, las violaciones sexuales por parte de elementos de esta corporación a mujeres migrantes.

“Ha habido un incremento exponencial de dicha militarización, sobre todo a partir de la firma de acuerdos migratorios que han sido impulsados por Estados Unidos y aceptados, en concreto, por México”, aseveró la directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), Ana Lorena Delgadillo.

Organizaciones civiles, de la mano del relator especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de las Personas Migrantes, Felipe González, alertaron ayer sobre los riesgos y vulnerabilidad, e, incluso, violaciones sexuales por parte de militares encargados de combatir el tránsito de migrantes hacia Estados Unidos.

La militarización de la política migratoria representa una amenaza para los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes a una vida libre de violencia.

“Se evidencia que las mujeres migrantes y solicitantes de asilo afrodescendientes y africanas en su tránsito por México han sido víctimas de prácticas de violencia sexual imbricada con el racismo anti-negro, cometidas por elementos de la Guardia Nacional y otros cuerpos militares y policiales.

"Se documentan casos de mujeres migrantes y solicitantes de asilo en México que fueron víctimas de violación sexual, acoso e intimidación por parte de elementos de la Guardia Nacional”, sostiene el informe “Bajo la bota” de FJEDD.

En el informe se advierte que el gobierno de México se ha convertido en un “muro militar contra la migración” y, advierte: la situación de violación a Derechos Humanos y abuso sexual contra migrantes “puede acrecentarse por la mencionada decisión del gobierno de ceder el control de labores que incluyen la inspección de personas y sus equipajes a elementos que no cuentan, siquiera, con capacitación policial y tampoco nociones básicas sobre violencia de género”.

Felipe González, relator de la ONU, expresó su preocupación por los gravísimos niveles de violencia que confrontan las personas migrantes en situación irregular en México, al tiempo de resaltar numerosos episodios de trata o de tráfico de personas migrantes en territorio nacional.

El informe evidencia cómo se ha dado la intervención de las Fuerzas Armadas mexicanas en la política migratoria, en particular a través del involucramiento de la Guardia Nacional, pero también por medio de la intervención directa de las Fuerzas Armadas en acciones de control militar y la colocación de militares y exmilitares en puestos claves del Instituto Nacional de Migración (INM).

La participación militar ha incrementado el número de detenciones arbitrarias, violaciones al derecho a solicitar y recibir asilo o el reconocimiento de la condición de refugiado, discriminación racial, violencia contra las mujeres, uso excesivo de la fuerza y omisiones que han llevado a la pérdida de vidas, la mayoría de las cuales han quedado en la impunidad, sostiene el informe.

La militarización de la política migratoria obliga a las personas migrantes a viajar por rutas clandestinas que les hacen vulnerables a múltiples riesgos, que incluyen muertes, desapariciones forzadas, secuestros, corrupción, discriminación racial y étnica, tráfico y trata de personas, abuso de autoridad, situaciones climáticas extremas, accidentes en tren, marítimos y carreteros, entre otros, resalta el documento.

La mayoría de los casos ocurren en Chiapas y Tabasco, en la frontera con Guatemala; en Nuevo León y Tamaulipas, en la frontera con Texas, y en Veracruz, el estado del Golfo de México que conecta el sur con el norte del país.

La mayoría de las víctimas proceden de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Cuba.

En 2019 había 8 mil 715 miembros de las Fuerzas Armadas en tareas migratorias en las fronteras norte y sur, esta cifra creció más del triple para abril de 2022, a más de 28 mil 500.

De 32 delegaciones estatales del INM, 19 estaban, a finales de 2021, a cargo de personal con formación especializada en tareas militares, labores penitenciarias y seguridad pública, de acuerdo con información pública.

El 85% de los agentes vinculados a la Guardia Nacional carece del certificado único policial y 27 de los 32 generales que dirigen la institución en los estados no han sido certificados en la función policial.

El informe “Bajo la bota” se basa en el trabajo de organizaciones civiles de entrevistas a 100 migrantes en Hermosillo, Ciudad Juárez, Tijuana y Tapachula, así como la sistematización de 144 respuestas a solicitudes de información.

Con información de Crónica.

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