Bajo el amparo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) que dirige Ernestina Godoy, organizaciones populares presuntamente demandantes de vivienda como “Bloque Urbano Popular” y “Hogar y Libertad Para Todos”, se dedican a despojar a personas de la tercera edad y con escasos recursos económicos para poderse defender, para de esta forma quedarse con predios, casas y edificios que posteriormente venden a personas necesitadas de un lugar dónde vivir y que son parte de su clientela política, denunció el abogado Jorge Cruz Elizalde, representante de una de las muchas víctimas de estas organizaciones.

Desde el año 2017 denunció en la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (FEDAPUR), el despojo que realizaron estas dos organizaciones al propietario del inmueble ubicado Av. Central 242, Colonia Prohogar, Alcaldía Azcapotzalco, bajo la Carpeta de Investigación número CI-FAZ/AZ-1/UI/2S/D/01782/03-2017 y a la fecha han transcurrido aproximadamente seis años sin haber obtenido la justicia demandada, expresó el abogado.

El propietario del inmueble citado, Pablo Fernández Fernández, de 87 años y Lourdes Hernández Bernal, su esposa de la misma edad, tienen seis años de vivir en un asilo desde que fueron despojados de su inmueble, del que rentaban cuatro departamentos. Precisamente uno de los inquilinos que allí habitaba, fue quien abrió las puertas a estas organizaciones para que llevaran a cabo del despojo.

La organización “Bloque Urbano Popular” es liderada en la zona por Arlette Rangel Barragán, aunque dirigido a nivel de la Ciudad de México por Gabriel Mayorga Basurto, presunto operador del político René Bejarano Martínez, y la red de contubernio abarca también a funcionarios del Registro Público de la Propiedad.

Y las cosas las hacen con total impunidad. Anuncian la venta del inmueble mencionado en redes sociales, donde también realizan reuniones de la organización. Cabe mencionar que dichas organizaciones se encargan de solicitar dinero a las personas que engañan, con la promesa de entregarles una vivienda, pero con ese engaño pasan años y nunca entregan el inmueble.

“Pareciera que la Fiscalía General de la Ciudad de México tiene intereses, beneficios o compromisos políticos con dichas organizaciones entre otras, ya que al hacer caso omiso y no cumplir conforme a derecho, eso es lo que se vislumbra por la forma cómo están sucediendo las cosas”, expresó Cruz Elizalde, quien se dijo víctima también de este contubernio entre estas dos organizaciones populares, la PGJDF y otros funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México.



El abogado relató que en febrero pasado acudió al domicilio de Av. Central 242, Colonia Prohogar acompañado por peritos en cerrajería, policía de investigación y un notario público para realizar una diligencia como parte de la carpeta de investigación señalada, la número CI-FAZ/AZ-1/UI/2S/D/01782/03-2017, “y fuimos agredidos por los integrantes del Bloque Urbano Popular, quienes en contubernio con policías de Seguridad Pública nos pusieron a disposición del MP a cuatro abogados y a mí y nos pretendieron fabricar delitos por robo y despojo, que quedaron para su investigación en la carpeta CI-FIAZ/AZ-2/UI-1 C/D/00096/02-2022.

El abogado y sus colaboradores fueron puestos en libertad antes de las 48 horas debido a la falta de pruebas que configuraran los delitos de robo y despojo por el que fueron detenidos; sin embargo, como una forma de intimidación para Cruz Elizalde y los otros cuatro abogados, la carpeta de investigación sigue abierta y sin determinarse el no ejercicio de la acción penal, con toda la intención de que se aplaquen.

Cruz Elizalde y un grupo de personas también afectadas acudieron a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (FEDAPUR), la impunidad que existe en proteger y sobreproteger, bajo tráfico de influencias, a todas las organizaciones que despojan de sus propiedades a sus dueños y principalmente a las personas de la tercera edad.

“Ya basta de la corrupción que existe dentro de la fiscalía para fabricar delitos y también despojar de la propiedad a sus dueños. Solicitamos la intervención inmediata de la Jefa de Gobierno, de Derechos Humanos, de Servidores Públicos, de la Contraloría General de la Ciudad de México, para que intervengan y se cumpla conforme a derecho las denuncias que se interponen por despojos”, finalizó.



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