La Secretaría de la Función Pública (SFP) descartó que exista conflicto de interés entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y Grupo Vidanta por la ampliación del contrato de concesión para la ocupación por 15 años de una playa, así como por el nombramiento de Daniel Chávez, dueño de la firma, como supervisor del Tren Maya.

La SFP indicó que no se hallaron posibles evidencias de una “presunta comisión de hechos, actos u omisiones susceptibles de configurar alguna falta administrativa atribuible al servidor público y a los particulares”.

Cabe recordar que fue la legisladora del PAN, Xóchitl Gálvez, quien solicitó a la SFP investigar los nexos entre el presidente y Chávez Morán debido a que José Ramón López Beltrán, hijo del mandatario federal, fungió como asesor legal de KEI Partners, empresa propiedad de los hijos del empresario.

Vía comunicado de prensa, la dependencia mencionó que el 15 de febrero de 2022, recibió el escrito en el que se imputa a López Obrador y Chávez Morán de haber incurrido en “conflicto de interés, cohecho y soborno”, texto donde también se menciona a dos empresas, a dos hijos del empresario y a José Ramón López.

En ese tenor, la SFP inició una carpeta de investigación el 16 de febrero toda vez que buscó acreditar la veracidad de las acusaciones; sin embargo, tras la indagatoria determinó que el empresario Daniel Chávez Morán, nombrado como “supervisor honorario” en el proyecto “Tren Maya”, no recibió ni recibe ningún sueldo, emolumento, pago o retribución por parte de la Administración Pública Federal, ni ejerció las funciones de las personas servidoras públicas designadas en términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. Además, no se hallaron irregularidades en los actos jurídicos relacionados entre el Grupo Vidanta y dependencias gubernamentales.

En lo que toca a la relación de José Ramón López Beltrán con los hijos del dueño de Grupo Vidanta, la SFP dijo que como dependencia no cuenta con las facultades para investigar actos jurídicos ajenos a la Administración Pública Federal o actos celebrados fuera del territorio nacional, como los referidos en la querella contra KEI Partners.

“Sobre la base de las evidencias, la Dirección General de Denuncias e Investigaciones de la SFP emitió el Acuerdo de Conclusión por Falta de Elementos, el cual fue notificado el día de hoy. La SFP ejerce sus atribuciones de investigación y sanción con sustento en las pruebas recibidas y recabadas, y con respeto al debido proceso”, enfatizó.

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