Convocados por el Frente Cívico Nacional, ayer se dieron cita tres expresidentes del IFE: José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde y Leonardo Valdés.

Los tres coincidieron en el riesgo que representa este momento y la elección del 2024 entre una verdadera democracia y un régimen de pensamiento único.

La transición democrática se pensó como un proceso lineal, progresiva e irreversible, dijo Ugalde; hoy sabemos que no es así: se busca liberar al poder democrático de controles y dotar al poder de todos los controles.

Ante ello, advierte siete batallas ciudadanas por dar:

La batalla de la memoria, no olvidar de dónde venimos y lo que hemos logrado frente a fantasmas y mitos artificialmente creados.

La de la legalidad y, derivada de ella, la de la autocontención, que la ley sola no lo puede todo, requiere del compromiso y comportamiento solidario de todos: no se valen jugadores que jueguen en contra del juego.

La batalla del presupuesto, ya probada ahora en la revocación de mandato: ganar la elección por inanición institucional.

La batalla del nombramiento de nuevos consejeros, que pudiera dejar sin tres nuevos relevos al INE en 2023.

La batalla de aceptar los resultados cuando son adversos y la batalla de los ciudadanos en las calles, no bastan las redes.

Para Valdés hay una constante histórica entre instaurar un sistema electoral que conduzca la pasión política sin desbordarse y legitimar el poder. En el México postrevolucionario el sistema hegemónico se vio obligado a legitimar sus elecciones, fue así como cedió ante el voto de la mujer, los diputados de minoría, el registro condicionado y la representación proporcional.

Así llegamos al Cofipe (IFE) que, tras la crisis del 88, privilegió, por sobre el sistema electoral la legitimidad electoral. Así, en 96 el control pasó de autoritario a democrático. Hoy, sin embargo, esa línea pretende romperse con la reforma de AMLO, que no aporta absolutamente nada, ni a la tendencia por mejorar el sistema electoral, ni el del control democrático, antes bien desmantela ambos en favor de un control autoritario sin contrapesos.

La iniciativa, alegando austeridad, deja solo el financiamiento público a los partidos para campaña, lanzándolos a buscar dinero para su gasto normal y cotidiano en una sociedad dominada por el crimen organizado. En materia de radio y televisión recorta tiempos para el INE y partidos en favor de los concesionarios que dispondrán de más tiempo para vender, nada más que ese tiempo es del Estado y comerciarlo es delito.

Sobre la supresión de las Oples, Valdés no encuentra argumento ni beneficio, solo ignorancia de la diversidad y complejidad de nuestro sistema electoral en su conjunto. Nombrar a consejeros y magistrados a un año de la elección presidencial es parirlos tullidos y domesticarlos por sexenio; lanzarlos a buscar el voto en lugar de acreditar méritos solo busca cooptarlos. Regresar a una organización electoral temporal en cada elección es acabar con el sistema electoral de carrera y su comprobada experiencia, sometiendo a quienes se nombre temporalmente al control de Estado. Finalmente, el sistema de representación proporcional en circunscripciones pequeñas dispara la sobrerrepresentación e, incluso, dijo, ni a Morena beneficia.

Woldenberg defendió la autonomía e hizo ver que el presupuesto del INE no es tan grande como se dice e incluye el financiamiento de los partidos y el sistema de identificación ciudadana (credencial), así como un sinfín de gastos originados por la desconfianza auspiciada por los propios partidos, como votar en papel seguridad, imprimir listas nominales para todos los representantes en casilla y costos de la fiscalización de ingresos y gastos y monitoreo de medios.

Los tres coincidieron en el riesgos de no dotar al INE de recursos, lo que obligaría a forzar a la Corte a obligar al legislativo y ejecutivo a hacerlo, lo que requerirá de la presión de la sociedad civil, así como en el riego de dejar sin tres consejeros al INE a partir del 2023, si Morena no logra imponer a los suyos.

Finalmente, y no para el agrado del Frente Nacional Ciudadano, los tres coincidieron en que el INE no está facultado para organizar elecciones primarias para elegir candidato a la Presidencia de la República, pero alertaron de la presencia de la iniciativa ciudadana como medio para impulsar las reformas necesarias para que sí pueda.

En conclusión, en el 24 nos jugamos nuestras libertades y futuro.

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