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El IMCO ve conflicto de interés en concentrar en la Función Pública las compras consolidadas del gobierno federal y su fiscalización.
Especial
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), si bien reconoce que la centralización de procesos y estructuras, así como de las compras públicas, puede agilizar y fortalecer el ejercicio de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) en materia anticorrupción, también advierte riesgos de conflictos de interés, mayor carga de trabajo y debilitamiento de la estructura de vigilancia anticorrupción con la propuesta que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador de regresar a la SFP la responsabilidad de comprar bienes y servicios para el gobierno federal.
Aunque la organización civil reconoció que la centralización de procesos y estructuras, así como de las compras públicas, puede agilizar y fortalecer el ejercicio de las atribuciones de la SFP en materia anticorrupción, “existe el riesgo de que la operación, funcionamiento e imparcialidad se vean comprometidas al recaer en una misma dependencia las compras públicas y su fiscalización”.
La propuesta del presidente da marcha atrás a lo que al arranque de su gobierno determinó, cuando modificó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para transferir facultades de la SFP a la Secretaría de Hacienda, especialmente en materia de adquisiciones.
No obstante, el pasado martes, el presidente propuso un nuevo cambio que otorga a la SFP la coordinación y conducción de las Unidades de Administración y Finanzas, y reconcentra la política general de compras públicas en dicha institución.
En la SFP, además, están concentrados los órganos internos de control que, con la nueva propuesta, serán rediseñados.
La iniciativa plantea que las Unidades de Administración y Finanzas (UAF) dependan directamente de la SFP y que sus titulares serán nombrados por dicha secretaría. Hasta ahora, el nombramiento de los titulares de estas unidades está a cargo del titular de Hacienda.
Ahora, bajo el argumento de incrementar las capacidades de prevención de conductas indebidas en el ejercicio del gasto público, se plantea que la SFP coordine y conduzca la operación de las UAF de las dependencias, organismos desconcentrados y organismos paraestatales, con excepción de las Secretaría de la Defensa Nacional, Marina y las empresas productivas del Estado, que se mantendrán independientes.
Para el IMCO la coordinación de las operaciones de las UAF puede mejorar la ejecución del gasto público, prevenir desvíos y posibles actos de corrupción, pero, advierte, “la concentración de estas en la SFP convertiría a la secretaría en fiscalizadora y ejecutora de forma simultánea, lo que arriesgaría la imparcialidad”.
Ante ello, propone “asegurar que las labores de fiscalización del gasto y administración de finanzas que lleve a cabo la SFP se realicen bajo estricta separación” y considera que se debe asegurar que los criterios de elegibilidad y remoción de los titulares de las UAF se apeguen a la promoción de perfiles idóneos y no bajo designaciones directas.
La propuesta del presidente contempla que la estructura de los órganos internos de control (OIC) sea reducida al mínimo indispensable, es decir, que se reduzcan las estructuras administrativas y redistribuir funciones para generar ahorros.
Con la propuesta, los OIC serían agrupados por sector, materia o ente público para armonizar funciones, reducir costos y promover la independencia e imparcialidad de las decisiones.
Para el IMCO, la reducción de los órganos internos de control podría representar tanto un beneficio como un riesgo, pues unirlos bajo temas o funciones podría fortalecer la especialización y promover mayor independencia en las funciones de auditoría y fiscalización, pero, advierte, la reducción de estructuras administrativas al mínimo indispensable podría comprometer la correcta operación de los OIC, al aumentar la carga de trabajo.
En su lugar el IMCO plantea necesario garantizar que el rediseño de las estructuras de control interno no comprometa o debilite su funcionamiento a través de recursos humanos y materiales suficientes.
Sobre la facultad de consolidar las compras públicas federales en la SFP para garantizar mejores condiciones de calidad, precio y oportunidad y que sea la SFP la que participe en las negociaciones comerciales internacionales relacionadas con compras del sector público para hacer más eficientes los procesos y asesorar a las dependencias en el cumplimiento de la ley en la materia, el IMCO considera que es un mecanismo efectivo para asegurar una planeación adecuada, abasto suficiente y ahorros en el sistema de compras a largo plazo, siempre que dicha coordinación se ejecute de manera correcta.
“La iniciativa puede ser benéfica al volver menos costosos y más eficientes los procesos de compras públicas, así como permitir que la SFP retome el control de la plataforma Compranet. Esto significaría mayor vigilancia sobre las compras públicas, una de las áreas más vulnerables a actos de corrupción en cualquier administración pública”, considera el IMCO.
Sin embargo, “otorgarle de manera simultánea a la SFP las facultades para ejecutar y fiscalizar las compras públicas podría implicar un conflicto de interés, por lo que es fundamental separar ambas funciones de manera efectiva”.
Con información de Milenio.
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