SCJN retira prohibición de 10 años para que funcionarios laboren en IP

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Por: Redacción

• 05/04/2022

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló retirar el candado de 10 años para que ex servidores y funcionarios públicos puedan trabajar en rubros de la iniciativa privada tal y como lo establece la Ley Federal de Austeridad Republicana.

Quedó qprobada así la propuesta de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, misma que argumentó que la medida es desproporcional y no previene posibles actos de corrupción.

En ese tenor, Piña Hernández aseguró que existen otras medidas más adecuadas y que no afectan el derecho al trabajo de las personas sujetas a esta ley.

“La norma impugnada restringe desproporcionadamente la libertad de trabajo, ya que la duración de 10 años de la prohibición de laborar en empresas privadas que los exfuncionarios hayan regulado, supervisado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada, va más allá de lo que es razonable para proteger los fines perseguidos por la medida”, indica el proyecto.

Por su parte, el ministro presidente, Arturo Zaldívar, señaló que la norma no cumple el criterio de necesidad además de considerar que el periodo a que refiere es "demasiado largo” y cubre un universo demasiado dado que la prohibición aplica a todos los servidores públicos de cargo superior.

“No todos los cargos de mando superior tienen las mismas responsabilidades y presentan el mismo grado de riesgo de corrupción por lo que es sobreinclusiva”, dijo.

De igual forma, el Pleno también aprobó declarar constitucional la facultad de las secretarías de Hacienda y de la Función Pública para agregar nuevas infracciones a la Ley Federal de Austeridad Republicana para iniciar procedimientos de responsabilidad administrativa.

Cabe señalar que la SCJN acordó establecer que este precepto no aplica a otros poderes de la unión ni a organismos constitucionalmente autónomos.

Sostiene los ministros que el Congreso no violó el procedimiento para promulgar la ley ni invadió facultades de la Cámara de Diputados sobre la legislación en materia presupuestal y avaló la conformación del Comité de Evaluación que realizará informes para recomendar mejoras en las medidas de austeridad y ahorro de los recursos de origen público.

Se busca eliminar la facultad del Ejecutivo federal para decidir, de manera discrecional, cómo gastar los recursos ahorrados por la administración pública federal.

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