Sabían que violaban la ley de la gravedad, pero lo importante era la pose justiciera. Ahora tienen que ser salvados por una de sus ministras.

Por desproporcionada, la ministra Norma Piña Hernández propone en un proyecto de sentencia publicado ayer y a discutirse en breve, invalidar la prohibición de 10 años a ex funcionarios federales para que trabajen en empresas privadas que supervisaron o regularon durante su cargo en la administración pública.

Dicho candado fue incluido en el artículo 24 de la Ley Federal de Austeridad Republicana, creada durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual establece:

“Los servidores públicos comprendidos en los grupos jerárquicos de mando superior a que se refiere el manual de percepciones previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del gobierno federal, que por cualquier motivo se separen de su cargo, no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos 10 años”.

De acuerdo a dicho manual, esta prohibición alcanza a secretarios y subsecretarios de Estado, oficiales mayores, jefes de unidad, directores generales y generales adjuntos, así como puestos equivalentes.

La ministra ponente sostiene en su proyecto que esta norma restringe “innecesaria y desproporcionadamente” la libertad de trabajo.

"El grado de afectación que en el caso sufre el derecho al trabajo no es proporcional a la importancia de realizar el fin perseguido, ya que éste puede lograrse sin afectar con tanta intensidad la libertad de trabajo.

“Si bien esa restricción pretende evitar conflictos de interés y uso de información privilegiada, no se tuvo en consideración para valorar el alcance de esa restricción los efectos nocivos que podría ocasionar la revelación de esa información en ámbitos privados, ni el tiempo durante el cual podría resultar útil para las empresas interesadas, ni las restricciones admitidas por la Constitución para casos análogos, que no superan en ningún caso los cuatro años”, reza el proyecto publicado este lunes por la SCJN.

Por tanto, la ministra Piña Hernández está por anular una porción normativa del artículo 61, párrafo segundo, que establece “al destino que por Decreto determine el Titular” de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la que surtirá sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso de la Unión.

El 4 se abril está agendado a analizarse este proyecto de sentencia que deriva de una acción de inconstitucionalidad promovida por senadores de oposición en contra de dicha ley vigente desde noviembre de 2019.

Con información de Milenio.

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