La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó sobre la normalización y profundización de la violencia contra periodistas en México, por lo que llamó a las autoridades a dimensionar las causas y los efectos de este problema.

Las primeras 10 semanas de este 2022, la Relatoría Especial recibió al menos ocho reportes de asesinatos de periodistas por motivos que podrían estar relacionados con el ejercicio de la función periodística.

México vive un momento crítico en este tema porque se observa que los esfuerzos institucionales actuales se encuentran desarticulados y en ocasiones son contradictorios, lo que resulta insuficiente para contener el fenómeno de la violencia en contra de la prensa, lo que actualmente representa una de las principales amenazas a la libertad de expresión.

Los actos de violencia contra periodistas tienen un triple efecto:

- Vulneran el derecho de las víctimas a expresar y difundir sus ideas, opiniones e información.
- Generan un efecto amedrentador y de silenciamiento en sus pares.
- Violan los derechos de las personas y las sociedades a buscar y recibir información e ideas de cualquier tipo.

Más aún, la falta de debida diligencia en la investigación, persecución y sanción de todos los responsables puede generar una violación adicional a los derechos al acceso a la justicia y a las garantías judiciales.

Para la Relatoría Especializada en Libertad de expresión (RELE) los gobiernos tienen la obligación de proteger a aquellos periodistas cuyas vidas o integridad física están en peligro mediante la adopción de medidas concretas de protección.

El Estado está obligado a identificar el riesgo especial y advertir al periodista sobre su existencia, valorar las características y el origen del riesgo, definir y adoptar oportunamente las medidas de protección específicas, evaluar periódicamente la evolución del riesgo, responder efectivamente ante signos de su concreción y actuar para mitigar sus efectos. El Estado debe prestar especial atención a la situación de aquellos periodistas que por el tipo de actividades que desarrollan están expuestos a riesgos de una intensidad extraordinaria.

Cuando existe una situación estructural sistemática y grave de violencia contra periodistas y trabajadores de medios, deben establecerse programas especiales de protección para atender a estos grupos.

Entre enero y marzo, se tiene los siguientes datos de periodistas asesinados en México: Roberto Toledo, en el estado de Michoacán; Heber López Vásquez, en el estado de Oaxaca; Jorge Luis Camero Zazueta, en el estado de Sonora; y Juan Carlos Muñiz, en el estado de Zacatecas.

En 2021, la Relatoría registró al menos diez crímenes contra periodistas en México. Anteriormente, esta Oficina se había pronunciado sobre el asesinato del reportero José Luis Gamboa Arenas, en el estado de Veracruz y de Alfonso Margarito Martínez Esquivel en el estado de Baja California y, junto con la CIDH y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), condenó el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, en el estado de Baja California.

Durante este período, la Relatoría también documentó al menos dos atentados contra reporteros, uno de los cuales se encontraba acompañado de escoltas asignados por el Mecanismo Federal de Protección al momento de los hechos. Por otro lado, la Relatoría ha recibido información sobre recurrentes señalamientos estigmatizantes contra la prensa por parte de funcionarios públicos federales y locales.

Por su parte, el Gobierno de la República ha manifestado a esta instancia internacional que está en el proceso de la presentación de una propuesta de Ley General —que requiere de ajuste constitucional previo— y que pretende atender el fenómeno de violencia contra la prensa y personas defensoras de Derechos Humanos desde una visión de Estado.

De igual forma, la Vocería de la Presidencia de la República envió una comunicación en la cual se indicó que el Gobierno federal: a) condena cualquier acto de violencia en contra de las personas que ejercen la profesión de periodistas; b) exige que se adelanten las investigaciones para que se esclarezcan los hechos y se sancione a las personas responsables; c) reconoce que la violencia contra la prensa también es una afrenta a la sociedad; y d) reitera el llamado a todos los órdenes de gobierno para que se proteja la vida e integridad de periodistas.

La Vocería de Presidencia cierra su apreciación destacando la obligación del Estado frente a la libertad de expresión y el pluralismo.

La RELE observa con particular preocupación el recrudecimiento de la violencia contra periodistas en México, y reitera que este tipo de ataques vulnera la libertad de expresión tanto en su dimensión individual como colectiva, ya que afecta el derecho de la sociedad a estar informada, y no pueden ser tolerados en una sociedad democrática.

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