Detenido ayer por órdenes de quien fuera su propio secretario de Seguridad, el ex gobernador de Nuevo León, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, acusado de delitos electorales, es de esperarse que elementos de su gabinete sean también sujetos a proceso.

El asunto viene desde el 2018, cuando se dio a conocer que presuntamente distintos funcionarios públicos de Nuevo León estaban usando su horario laboral para recabar firmas en favor de la candidatura presidencial de Rodríguez Calderón, haciendo uso de su posición como funcionarios y percibiendo su sueldo completo como si laboraran su jornada completa.

Rodríguez Calderón argumentó entonces que lo hacían en sus horas libres, aunque los registros del Instituto Nacional Electoral demostraron lo contrario.

Dentro del listado de funcionarios públicos en esa situación estaban el Secretario de Gobierno, Manuel González; el de Salud, Manuel de la O; el de Infraestructura, Humberto Torres; la contralora estatal, Nora Elisa Cantú; el tesorero, Carlos Garza; la Secretaria de Desarrollo Social, Luz Natalia Berrún; el titular de la Coordinación Ejecutiva, Gerardo Guajardo; el Secretario de Educación, Arturo Estrada; y Nelson Doria, Secretario Particular de Jaime Rodríguez.

Fue entonces que el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Samuel García y la exdiputada local, Mariela Saldívar presentaron una denuncia en contra del mandatario.

La denuncia corrió su suerte y quedó empantanada en el Congreso Local en un procedimiento más turbio que el de las firmas.

Como sea, fue con base en esta denuncia, presentada ante el INE, que ahora las autoridades de Nuevo León detuvieron ayer a Jaime Rodríguez.

Al doctor Manuel de la O se le acusa de supervisar en su momento el programa Aliados Contigo, una dependencia que pretendía detectar problemas de pobreza y gestionar soluciones, sin embargo, cerca de la mitad de la plantilla adscrita a este organismo fue registrado en la misma plataforma para recabar más firmas que al final representaron un porcentaje importante del total presentado al INE.

Manuel González asegura no haber incurrido en falta alguna, pues la clave para dar de alta firmas había sido usada por su hija y no había interferido con las labores de Gobernador Interino, en sustitución de Rodríguez Calderón que andaba en campaña para promover su candidatura a la presidencia.

Humberto Torres, quien era responsable de la obra pública, es acusado de triangular recursos a la campaña presidencial de su jefe, pues de acuerdo con el INE en noviembre de 2017 transfirió un millón 119 mil 952 pesos desde una de sus empresas a una cuenta de Rodríguez y poco después otros 240 mil a la asociación civil "Viva la Nueva Independencia", creada para recibir apoyos de simpatizantes.

En septiembre de 2019 la Sala Regional del Tribunal Electoral de la federación ordenó sancionar a 572 funcionarios que participaron en la recolección de firmas; sin embargo, los responsables de dictar estas sanciones serían sus superiores; además, dictaminó que tanto el candidato presidencial como el gobernador interino eran responsables de no evitar el despliegue del uso del servicio público para captar apoyos por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó que Rodríguez Calderón podría ser llevado a un juicio político.

Ayer el asunto fue revivido por el actual gobierno estatal.

Con información de La Política Online.


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