Origen es destino y la guerra de tribus solo mudó de amarillo a guinda. Hoy la gobernadora de Baja California denuncia por daño al erario por 12 mil millones de pesos, poco mas del doble de lo que cuesta el cancelado programa de escuelas escolares dos veces a nivel nacional, a su antecesor, Jaime Bonilla, quien, según López Obrador puede escoger cualquier secretaría en su gabinete.

Se trata del contrato para una planta fotovoltaica de Next Energy México, cuyo costo es 200% mayor al del mercado. "Totalmente desventajoso", califica la gobernadora Marina del Pilar.

El Gobierno de Baja California, a través de la Consejería Jurídica y la Secretaría de Hacienda de Baja California, presentó denuncias penales contra exfuncionarios de la pasada administración estatal, derivado de un probable daño al erario por el orden de los 12 mil millones de pesos por los compromisos adquiridos para la construcción de una planta fotovoltaica por parte de la empresa Next Energy de México.

"Y de la cual no se logró acreditar que su construcción se hayan realizado", se consigna en el comunicado oficial circulado el día de ayer, mismo en el que directamente señalan al exgobernador Jaime Bonilla: "El acuerdo hecho por la pasada administración arriesga el 19.5% de las participaciones federales del Estado para un fideicomiso destinado a garantizar el pago del Gobierno de Baja California".

Marco Antonio Moreno Mexía, secretario de Hacienda, en conferencia de prensa puntualizó que el contrato entre el anterior Gobierno Estatal y Next Energy es "totalmente desventajoso" para las finanzas públicas de Baja California, además de que está mal planteado desde la perspectiva jurídica, el proceso administrativo y las condiciones financieras que imperan en la entidad.

Moreno Mexía enfatizó que el terreno donde se supondría que Next Energy construirá una planta fotovoltaica "no registra ningún avance físico", además de que "el proyecto tampoco tiene avances financieros", por lo que se trata de recurso público invertido en un proyecto que, así como se ha desarrollado, tiene un nulo beneficio para las y los bajacalifornianos.

El secretario de la hacienda estatal puso como ejemplo lo sucedido en febrero pasado, cuando el Fideicomiso Afirme retuvo más de 123 millones de pesos por un acuerdo establecido desde hace un par de años. Por lo anterior, la planta fotovoltaica de Next Energy no construida "representa un riesgo extremo para el financiamiento futuro del Estado".

Para colmo, se pretendía captar recursos de los organismos operadores del agua que operan en la entidad, dejándolos sin capital de trabajo, advirtió Moreno Mexía.

Por su parte, el consejero jurídico del Gobierno del Baja California, Juan José Pon, dijo que "se presentó una demanda de lesividad" con el enfoque de cancelar las entregas al fideicomiso, habiéndose obtenido ya una suspensión sobre dicha obligación para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Además, el contrato de la administración de Jaime Bonilla con Next Energy no se ajusta a las condiciones actuales, debido a que el costo es 200% mayor al del mercado.

"Se trata", dijeron ambos, "de una serie de acciones legales para contener el efecto del contrato de manera definitiva".

Por igual, se presentó un recurso de responsabilidad administrativa a exfuncionarios y una denuncia penal "en contra de quienes actuaron de manera indebida", bajo la premisa de que las acciones ejecutadas entre 2020 y 2021 colocan a la entidad bajo un riesgo financiero elevado.

"No será permitido por parte de las autoridades estatales a cargo de Marina del Pilar, que están comprometidas con la transparencia y con combatir la corrupción en todas sus formas", refirió el Gobierno del Estado.

Moreno Mexía informó que "se tomaran las decisiones que fueran necesarias para que la administración no esté obligada a hacer un re-pago por una inversión que Next Energy no ha hecho".

"Y así lo evidencian recorridos hechos tanto en la zona donde no hay construcción como al supuesto domicilio de la compañía, que se trata de una vivienda particular", dijo el funcionario estatal. Por su parte, Pon añadió que, de acuerdo a especialistas, el contrato de la administración anterior con Next Energy no se ajusta a las condiciones actuales, debido a que el costo es de un 200% mayor al costo en el mercado.

"Tratándose, pues, de un abuso a los contribuyentes de Baja California", dijo Juan José Pon, quien además explicó que "un acuerdo a 30 años no es viable" debido a la renovación tecnológica. "Muchos de los dispositivos de la planta terminarán por ser obsoletos, arriesgando el suministro de energía eléctrica (...) se trata de proteger las finanzas públicas para destinar los recursos a acciones sustantivas que son prioridad" para Baja California.


Con información de La Política Online.

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