Palo dado ni Dios lo quita. Pregúntenle a Cuitláhuac García si no.

Violatorio del derecho a la libertad de expresión, declaró ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y, por ende invalidó por inconstitucional, el tipo penal de ultrajes a la autoridad en la legislación del Estado de Veracruz, reformado por el actual gobierno morenista de Cuitláhuac García.

El humilde, recatado y prudente gobernador, sin aún conocer el engrose de la sentencia, anunció que enviará una nueva iniciativa de ley que sustituya dicho ilícito en el Código Penal de la entidad, por uno que quizá pueda nombrarse como “agresión violenta”.

En la sesión pública de ayer lunes, el pleno de la Corte analizó la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, mediante la cual impugnó las reformas y adiciones al artículo 331, relativo a ultrajes a la autoridad, así como a las fracciones 1, 2 y 4, correspondientes a las agravantes de este delito, contenido en el Código Penal del estado.

A juicio del organismo defensor de derechos humanos los tipos penales resultaban inconstitucionales al castigar con pena de prisión discursos y expresiones que se encuentran protegidos por los derechos de pensamiento y expresión, al tiempo que las agravantes previstas utilizaban expresiones “ambiguas”, lo que vulneraba el principio de taxatividad, es decir, la obligación de que los textos describan con suficiente precisión qué conductas están prohibidas y qué sanciones se impondrán.

El ministro ponente, Jorge Mario Pardo Rebolledo, calificó de “esencialmente fundados” los argumentos esgrimidos, al explicar que el artículo 331 no limitaba “razonablemente” el conjunto de conductas que pueden actualizar el tipo penal.

Lo que “genera que la norma impugnada tenga un impacto desproporcional sobre las personas, pues al criminalizar cualquier amenaza o agresión, sin poder saber, a priori, si sus expresiones o actos son considerados o no como delictivos, genera un efecto inhibitorio del derecho a la libertad de expresión, ante el miedo de que por expresar sus opiniones sean sujetos de la acción penal del Estado, cuestión que limita, consideramos, de manera irrazonable el ejercicio de esa libertad”, sostuvo.

El pleno de la SCJN declaró inconstitucional el primer párrafo del artículo 331 del Código Penal de Veracruz, lo que implica que también se invalida las fracciones 1, 2 y 4 que establecían agravante en cuanto al modo de cometer el delito.

“Tales agravantes no son independientes ni autónomas del delito de ultrajes a la autoridad”, concluyó el ministro Pardo Rebolledo.

Tras el fallo, Cuitláhuac García aseguró que “no hay problema” y anunció que presentará una nueva iniciativa para cumplir lo que mandata la Constitución, “que es proteger de quien agreda con violencia o armas a la autoridad”.

Adelantó que eliminará la palabra “ultrajes”, aunque no dijo cómo se llamará el nuevo delito.

“En definitiva no puede ser ultrajes a la autoridad porque la Corte te lo está diciendo. Puede ser agresión violenta”, comentó.

A su juicio, si lo que la SCJN declaró inconstitucional fue la “redacción” de la ley, la culpa es de los diputados locales que integraban la legislatura en 2003.

Por supuesto, no faltó quien aplaudiera la decisión del Poder Judicial. Tal fue el caso del senador y líder de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, quien se congratuló asegurando que se trató de una “decisión justa y correcta”.

“Ahora, a luchar para que sean liberadas todas las personas que están privadas de su libertad por este ominoso ilícito”, comentó el morenista a través de su cuenta de Twitter.

La @SCJN declaró la inconstitucionalidad del artículo 331 del Código Penal de Veracruz, sobre el delito de ultrajes a la autoridad; decisión justa y correcta. Ahora, a luchar para que sean liberadas todas las personas que están privadas de su libertad por este ominoso ilícito.

— Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) February 28, 2022

Con información de Milenio.

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