Y Conacyt empieza a cosechar amparos en contra

Especial

Por: Redacción

• 10/02/2022

Hasta tres veces se reformó el año pasado el reglamento del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), suprimiendo, entre otras modificaciones, el beneficio económico a investigadores de universidades privadas.

Pero ayer la Jueza Tercera de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México amparó a diversos académicos contra dicha supresión. Amparo que se suma a otros concedidos el año pasado por hallar la medida excluyente y discriminatoria.

Entre los cambios realizados se señala que para recibir los apoyos económicos por la distinción como miembros SNI, se “tendrán que ser personal activo, vigente y remunerado en alguna institución pública de educación superior o en algún centro de investigación del sector público en México”, excluyendo a quienes se desempeñen en alguna universidad privada.

Contra ello cayeron las primeras suspensiones provisionales en favor de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES), que congrega a mil 600 investigadores de universidades privadas. Posteriormente, se sumaron las de investigadores de 12 universidades más en noviembre.

Tras las suspensiones, el 31 de enero de 2022 se emitió la primera sentencia de primera instancia por una Jueza de Distrito, concediendo el amparo de la justicia federal, por considerar que excluir a los investigadores del sector privado de recibir el apoyo económico implica un trato diferenciado injustificado frente a aquellos investigadores adscritos a instituciones o universidades públicas.

La sentencia dispone que los investigadores tendrán derecho a seguir disfrutando de los apoyos económicos independientemente de si desempeñaban sus labores académicas y de investigación en una universidad pública o en una privada.

“En la mayoría de los juicios, que se tramitan en diferentes juzgados, se concedió la suspensión para que los investigadores sigan recibiendo sus recursos hasta que haya una sentencia firme. Este juicio es el primero que se resuelve en primera instancia”, refiere la defensa legal de los ahora amparados.

Informa por igual la defensa que las medidas cautelares (suspensión) han tenido buena recepción en otros juzgados y sería de esperarse que se obtengan más sentencias favorables en primera instancia: “Esta sentencia es una señal de que el Poder Judicial está respaldando los derechos de los investigadores y consideramos que hay elementos y argumentos para que los demás sigan así”.

Conacyt seguramente recurrirá en una segunda instancia ante un Tribunal Colegiado y, posteriormente, de forma extraordinaria, trataría de llevar el asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No obstante, la defensa confía en que hay elementos suficientes para confirmar la sentencia en la instancia revisora.

De acuerdo con el equipo jurídico, decisiones como la reforma al reglamento SNI, son resultado de una política que va en retroceso.

“Ahora estos temas son resueltos por el Poder Judicial, por parte de un sector que históricamente no estaba en controversia con autoridades, específicamente Conacyt. Esta es la primera administración en la que la comunidad científica y académica de manera reiterada se ha visto en la necesidad de recurrir al ejercicio de estos mecanismos de defensa, por lo que seguramente, impulsarán precedentes importantes en el Poder Judicial”.

Para Miguel Ángel Méndez, investigador de la Universidad de las Américas Puebla, de los más de 33 mil miembros del SNI, mil 500 están adscritos a instituciones privadas. “Sin embargo, las distribuciones promedio por nivel no son las mismas en instituciones privadas que públicas. En las privadas cerca del 5% son Nivel III, 13% Nivel II, 47% Nivel I y el 35% candidatos. La erogación por los estímulos es menor al 4% del presupuesto nacional para tal fin”.

Por otro lado, según datos del propio Conacyt, el año pasado, en términos de publicaciones científicas, algunas de estas instituciones privadas —como el Tec de Monterrey (en el lugar 17 de las primeras 100) y la UDLAP (lugar 30)— muestran mayor productividad que universidades y centros públicos de investigación con mayor número de miembros del SNI (datos 1991-2011).

“Lo mismo ocurre al comparar el impacto (citas a producción científica) respecto a instituciones con mayor número de miembros del SNI (e infraestructura científica). Aquí el ITESM (23), UDLAP (31), Ibero (36), ITAM (38), UPAEP (44), UP (59), destacan en el contexto nacional”.

Con información de Crónica.

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