Paulo Díez Gargari, abogado, acusó a Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de la Presidencia, de encabezar una red de corrupción y de extorsión, conformada por una serie de despachos de abogados que obtenían contratos multimillonarios, aprovechándose de la importancia del cargo público del entonces colaborador de Andrés Manuel López Obrador.

Entre los abogados señalados por Díez Gargari se encuentran Juan Antonio Araujo Rivapalacio y Alonso Rivera Gaxiola, así como de los casos más sonados en el sexenio: Ancira, Collado, Aleatica, Zebadúa, Cruz Azul, Gómez-Mont, entre otros.

En entrevista en Aristegui en Vivo, Díez Gargari afirmó que Scherer traicionó la confianza del presidente, para obtener un beneficio propio y para “un grupo muy poderoso” de abogados.

Uno de los actos de los que lo acusó fue el de utilizar sus influencias para frenar una investigación sobre la presunta explotación ilegal de la empresa Aleática de la concesión del Viaducto Bicentenario y, así, beneficiarse del cobro de honorarios, ya que los servicios del despacho de su hermano, Pedro Scherer, fueron contratados por Aleática.

Informó que ya interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por tráfico de influencias, asociación delictuosa, ejercicio ilícito del servicio público, coalición de servidores públicos, y delitos contra la administración de la justicia.

Díez presentó un diagrama que, según su versión, muestra la serie de despachos de familiares y personajes cercanos a Julio Scherer que operaron el esquema ilegal, teniendo como centro los casos Alonso Ancira, Juan Collado, Auditorías Sofom, Aleatica, Emilio Zebadúa, Cruz Azul, Javier Duarte, Gómez-Mont, entre otros.

Estoy impresionado con la Red de negocios judiciales de @JScherer_Ibarra dedicada a la extorsión que ha presentado @PDiezG Está toda la familia Scherer en el mapa… pic.twitter.com/0QsLJ4v7WX

— Hernán Gómez Bruera (@HernanGomezB) February 8, 2022

La autoridad, sostiene el denunciante, tiene que investigar los actos de autoridad realizados por Julio Scherer y por funcionarios nombrados por él, en el marco de casos que llevaron los despachos cercanos.

Díez Gargari dijo haber presentado un borrador de controversia constitucional a la Consejería Jurídica de la Presidencia, argumentando la ilegalidad de la operación de Aléatica del Viaducto Bicentenario, pidiendo que la presentara ante el máximo tribunal. Si bien la Consejería le respondió que se estaba atendiendo el asunto, la controversia nunca fue presentada.

“Esta es una omisión muy grave, ya que él era el responsable de representar al presidente de la República en todas esas controversias constitucionales, y se abstuvo de hacerlo, de ejercer una facultad exclusiva que él tiene, con lo cual permitió que estos señores sigan indebidamente explotando ilegalmente el Viaducto Bicentenario en perjuicio de todos los mexicanos”.

“No sólo eso, estos actos u omisiones de Julio Scherer impidieron que una carpeta de investigación que estaba a punto de judicializarse hace dos años en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR se detuviera, con base en este famoso convenio de colaboración con el gobierno del Estado de México, que yo llamo ‘convenio de la vergüenza’, por el que supuestamente se reconoce la validez de esta concesión estatal”, agregó Díez.

En otro asunto, asevera el denunciante que el despacho de Rivera Gaxiola pidió honorarios de 9 millones de dólares al consejo de Interjet por “estudiar” un caso, además de una iguala mensual de 450 mil dólares y un finiquito de más de 19 millones de dólares al terminar el caso: y “claramente, estos no son honorarios de abogados Carmen”, sostiene Paulo Díez.

Aduce el abogado que el presidente de la República le ordenó a Julio Scherer una auditoría de los fideicomisos públicos, entre los que está el Fonadin. Al tener conocimiento sobre la auditoría, Díez envió a la Consejería Jurídica “toda la evidencia de cómo Aleática había obtenido, a partir de información falsa presentada al Fonadin, un crédito de mil 500 millones de pesos en 2010 del que, hasta la fecha, no se ha pagado ni un peso de capital ni de intereses, por lo que el saldo actual de ese crédito acumula un monto superior a los 3 mil 500 millones de pesos”.

El abogado recordó los señalamientos del presidente López Obrador, que denuncian “el engaño de empresas corruptas como Aleática, que quieren hacernos creer que han venido a invertir dinero a nuestro país y que hay inversión extranjera aquí, cuando no, muchos de esos proyectos se han construido, no solo sin inversión extranjera, sino con recursos públicos de Banobras y del Fonadin”.

Por su parte, Rivera Gaxiola acusó a Díez, a través de una carta enviada a la periodista Carmen Aristegui, de solicitarle 125 millones de dólares a cambio de no realizar “cosas que haría contra diversas personas”, durante una reunión reciente entre ambos.

Díez responde que nunca pidió el dinero y afirmó que la reunión sí ocurrió, pero que fue a solicitud de ellos y que nunca llegó a nada.

Con información de Aristegui Noticias.

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