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Para el INE uno de los principales obstáculos a los que se enfrenta en las investigaciones que realiza es la negativa de autoridades a proporcionar información requerida.
World Economic Forum, CC BY-SA 2.0 creativecommons.org vía Wikimedia Commons
Por unanimidad, las y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinaron que la Fiscalía General de la República debe proporcionar información e incluso carpetas de investigación para que el INE pueda dar continuidad a cuatro carpetas que tienen relación con procedimientos de fiscalización.
Estas carpetas de investigación contendrían información sobre Enrique Peña Nieto, Emilio Lozoya y el caso Odebrecht.
El INE ha denunciado que uno de los principales obstáculos para llevar a cabo las investigaciones es la negativa de autoridades a proporcionar datos.
Cabe señalar que en el año 2017, el PRD y Morena presentaron denuncias ante el INE en las que reclamaron una probable aportación de un ente prohibido que favoreció la campaña del priista, Enrique Peña Nieto.
En la denuncia estaba el PRI; el Partido Verde; el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya y Odebrecht y OHL en calidad de personas morales.
Hacia abril de 2021, la Unidad Técnica de Fiscalización del INE solicitó a la FGR información y copias de diversas carpetas de investigación derivadas de dichas denuncias; sin embargo, la FGR negó la información y documentación solicitada por lo que el secretario ejecutivo del INE presentó un juicio electoral ante la Sala Superior del TEPJF.
Fue el mismo magistrado presidente Reyes Rodríguez quien presentó el proyecto ante el máximo tribunal electoral, proyecto que declaraba fundada la pretensión del INE, bajo el argumento de que el secreto ministerial no es oponible a la facultad de fiscalización de la autoridad electoral.
En la sentencia se señaló que el hecho de que la FGR otorgara información no implica que la misma deje de ser reservada o confidencial, dado que el instituto tiene como deber mantenerla protegida y usarla solamente para los fines estrictamente requeridos.
Por tanto, el pleno vinculó a la FGR para que le entregara al órgano autónomo electoral la documentación y datos solicitados, para que éste pueda cumplir con sus facultades constitucionales de fiscalización.
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