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Gutiérrez Luna recibe lección de derecho del INE

Las diferencias legales no se persiguen como delitos, mandan decir a Gutiérrez Luna los 11 consejeros del INE.

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Por: Redacción
  • 27/12/2021

Alguien tenía que enseñárselo al diputado: la opinión diversa no es delito.

Y tuvo que ser el Instituto Nacional Electoral por voz de sus consejeros.

Si bien la posposición momentánea de trabajos para organizar la revocación de mandato por falta de presupuesto fue aprobada por mayoría y varios votos en contra, ahora el diputado Sergio Gutiérrez Luna logró la unanimidad de todos los consejeros electorales en su contra.

Como se sabe, Gutiérrez Luna, en su calidad de presidente de la Cámara de Diputados, pero sin mandato y facultades para ello, presentó una denuncia penal de hechos en contra de seis consejeros electorales, los que votaron a favor de la suspensión temporal de actividades, y el secretario ejecutivo, que carece de voto en el Consejo, por el acuerdo de suspender actividades hasta que autoridad competente resuelva si debe o no la Cámara de Diputados proveerle de los recursos presupuestales para cumplir sus obligaciones constitucionales.

Y poco tardó la respeusta de los 11 consejeros del INE, que cerraron filas contra su persecución penal, que calificaron de injustificada y sin sustento, toda vez que en una democracia, “las diferencias de opinión no se persiguen como delitos”.
Fue en un comunicado emitido la noche del domingo que los 11 consejeros electorales se expresaron:
“Es muy preocupante que el Presidente de la Cámara de Diputadost pretenda convertir un diferendo legal en una persecución penal, con denuncias ante la Fiscalía General de la República contra Consejeros y Consejeras que votaron en favor del acuerdo mencionado, así como contra el Secretario Ejecutivo, quien no vota las decisiones del colegiado”.

En su comunicado, los consejeros recuerdan a Gutiérrez Luna, que saltó de representante de Morena a diputado, que los actos y acuerdos del Consejo general del INE son recurribles ante el Tribunal Electoral.

Al optar el diputado por la vía penal, no solamente ignora el derecho aplicable, sino que judicializa penalmente algo que debe resolverse por la vía jurisdiccional electoral.

“Se trata de una acción injustificada y sin sustento jurídico, que busca inhibir la independencia con la que los miembros del Consejo General valoran y votan los asuntos que les competen”, le dicen los 11 consejeros.

Y anotan: “por encima de las diferentes posiciones que hemos adoptado sobre esta y otras decisiones, las Consejeras y Consejeros del INE rechazamos las denuncias penales contra cualquiera de nuestras y nuestros compañeros y toda forma de intimidación y vulneración de nuestra autonomía”.

Porque, “las diferencias de criterio en casos en los que válidamente puedan sustentarse diversas soluciones en el marco de nuestras atribuciones legales, no deben ameritar la persecución penal, sobre todo, cuando quienes las adoptan han explicado públicamente los motivos de su decisión.

En un Estado democrático de derecho las diferencias de opinión no se persiguen como delitos”, concluyen.

Con información de El Excélsior.


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