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Información substancial y relevante exige al gobierno ONU-DH en caso Ayotzinapa, al tiempo que el Centro Montaña Tlachinollan acusa que la 'verdad alterna' pierde fuerza.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Revivir el caso Colosio no impidió que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) lamente que el gobierno de López Obrador haya “quedado a deber” en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan asegure que la “verdad alterna” de la 4T ya perdió fuerza.
Resultados e información substancial, exigen.
“Aún existe la necesidad de verdad y justicia, de familias que no se cansan de luchar contra un sistema de procuración de justicia que, aún con la voluntad y valentía de funcionarios, incluso de oficinas gubernamentales completas, les queda mucho en deber”, expresó el representante de la ONU DH, Guillermo Fernández-Maldonado.
Así lo expresó en la presentación del informe de actividades del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, destacando la importancia de que la voluntad política vaya de la mano con resultados e información sustancial y relevante para la investigación del caso.
Para el representante de la ONU-DH, existen “pactos de impunidad y silencio” que impiden a los familiares de las víctimas conocer el paradero de sus hijos, de ahí que sea fundamental que la Fiscalía General de la República garantice que todo su personal y oficinas —más allá de la Fiscalía Especial para el Caso Ayotzinapa— estén al servicio de la justicia y la verdad.
A su vez, pidió se utilicen todas las herramientas del sistema jurídico mexicano para identificar y erradicar la complicidad entre actores no estatales y estatales que obstaculicen el avance del caso.
Por igual, solicitó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) contribuir al caso mediante el acceso libre a toda la información relevante conforme a la ley, las omisiones o negligencias que dificulten o impidan el acceso a la información, deben ser investigadas y sancionadas.
Para el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el caso de los 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, pese a las promesas del presidente López Obrador, el caso aún no se esclarece.
Para ellos la tesis más consolidada, que se sostiene en el testimonio de Juan 'N', que es Gildardo López Astudillo ('El Gil', del grupo criminal Guerreros Unidos), perdió fuerza debido a las comunicaciones entre 'El Gil' y Francisco Salgado Valladares, subdirector de la policía municipal de Iguala y que el Ejército reveló.
Para el Centro Montaña Tlachinollan, las reuniones de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (CoVAJ) y el Presidente son espacios de diálogo de gran trascendencia, de cuyas reuniones se logró que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) tuviera acceso a los archivos del Ejército mexicano.
De su informe destaca: “La CoVAJ deberá dar seguimiento a los incentivos legales para informantes y colaboradores eficaces, visitas a detenidos por el caso Ayotzinapa en los distintos penales para seguir buscando información, es necesario apostarle al rompimiento de los pactos de silencio y mantener las búsquedas en terreno, redoblando la seguridad perimetral a personal de búsqueda y contar con peritos calificados y de confianza que asegure el éxito de las diligencias”.
Con información de Milenio.
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