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INE va con controversia constitucional contra recorte presupuestal

El moche que contempla el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 para el organismo electoral es de cerca de 5 mil millones de pesos.

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Por: Redacción
  • 08/12/2021

De cara ante el recorte de casi 5 mil millones de pesos a su presupuesto, este martes el Instituto Nacional Electoral (INE) promovió una demanda de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).


El ajuste para el máximo organismo en materia electoral, específicamente, es de cuatro mil 913 millones de pesos, mismo que se halla contemplado dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 (PEF 2022) que aprobó la Cámara de Diputados.

En ese sentido, el INE considera que el llamado “tijerazo” careció de motivación o justificación alguna en el decreto presupuestal, además de que obstaculiza el ejercicio pleno de sus atribuciones constitucionales, enfatizando en particular la realización del proceso de revocación de mandato, mismo que de ser solicitado por la ciudadanía requerirá de tres mil 830 millones de pesos.

“Así, con el recorte, la Cámara de Diputados dejó sin fondos al INE para cumplir a cabalidad con esa obligación expresamente señalada en la Carta Magna”, indicó el órgano autónomo por medio de un comunicado.

En el mismo documento, el INE señala que en la elaboración de su presupuesto para el 2020 incluyó un monto como presupuesto precautorio, tanto para la realización de una eventual revocación de mandato como de una nueva consulta popular.

Lo anterior atendiendo a lo que la SCJN resolvió respecto de otra controversia constitucional que el organismo electoral promovió sobre la convocatoria a la consulta en contra de exmandatarios llevada a cabo en 2021, en el sentido de que la autoridad electoral tenía la “obligación de prever” los recursos suficientes para este tipo de ejercicios de participación ciudadana.

Al no haber sido otorgados por el Legislativo los mencionados recursos, y al haberse aplicado un recorte que excede en mucho la solicitud presupuestal formulada, el INE consideró procedente someter a consideración de la Suprema Corte que ordene a la Cámara de Diputados proveer al Instituto de los recursos necesarios para organizar, eventualmente, la revocación de mandato, cumpliendo todos los principios y reglas a que está obligado.

Expuso que al no contar con este presupuesto, no está en condiciones de cumplir sus funciones tal y como lo mandata la constitución y la ley, además de que se violan sus garantías institucionales y con ello el ejercicio de los Derechos Humanos político-electorales de la ciudadanía.

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