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La audiencia para que la Fiscalía presente sus acusaciones sobre el derrumbe de la Línea 12 se aplaza por segunda vez, mientras el juez se niega a dar a conocer un convenio reparatorio por confidencial. El incidente fue hace un año y siete meses.
Tomada de Twitter
Y mientras se informa que Carso y la Ciudad de México ya llegaron a un acuerdo reparatorio que nadie conoce, la audiencia contra funcionarios inculpados se aplaza... por segunda vez.
Será hasta marzo del 2022 que se celebre la audiencia contra exfuncionarios imputados por el derrumbe de un tramo elevado de la Línea 12 del Metro capitalino, que ayer se pospuso otra vez, en esta ocasión para el 7 de marzo del año que entra, toda vez que faltó uno de los 10 imputados.
La audiencia tenía por contenido que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCM) presentará al juez José Luis Palacios la acusación contra 10 personas por los delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad derivado del derrumbe del tramo de la Línea 12 entre las estaciones Tezonco y Los Olivos. Pero Guillermo Leonardo Alcázar, uno de los exfuncionarios, no acudió a la audiencia, por no habérsele localizado.
Pero la defensa de los coacusados alegó que recientemente la Fiscalía les había entregado dos tomos más de la carpeta de investigación y que no les había dado tiempo de leerlos, por lo que solicitaron diferir la audiencia, lo cual fue aceptado por el juez.
Christopher Estupiñán y Teófilo Benítez, abogados de las víctimas, arremetieron en contra del juzgador, porque aceptó que la FGJCM no diera a conocer el acuerdo reparatorio al que llegó el Gobierno de la Ciudad de México con la empresa Carso, pues alegó el principio de confidencialidad.
Los defensores le recordaron al juzgador que ya había ordenado que se diera a conocer el convenio, pero dio marcha atrás y aceptó, ahora, el alegato de la fiscalía.
Ante está situación, Teófilo Benítez anunció que solicitará al Consejo de la Judicatura local cambio de juez.
A juicio de Christopher Estupiñán el juzgador carece de capacidad para llevar este caso. Los litigantes insistieron en que las víctimas y sus representados tienen derecho a conocer ese acuerdo reparatorio.
Con información de El Sol de México.
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