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El Decreto de AMLO no sólo exime a su obra pública de cumplir cualquier norma, sino que presupone la reserva de su información de forma anticipada y generalizada. Contra esto último el INAI prepara una controversia constitucional.
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Un efecto escondido en el Acuerdo que homologa la obra pública federal con seguridad nacional y que ésta última es presupuesto para la reserva de información. Es decir, no sólo se exenta a las obras de los requisitos legales y reglamentarios de los tres niveles de gobierno, sino, además, se le protege como información reservada.
Ante ello y ante una posible violación al sexto constitucional, ayer el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) informó que interpondrá una controversia constitucional contra del acuerdo por el que los proyectos y obras de infraestructura del Gobierno de México son considerados de interés público y “seguridad nacional”.
En comunicado, la dependencia detalló que fueron analizados los alcances del decreto y mostró su preocupación porque la información sea reservada de manera generalizada y anticipada:
“El Pleno del INAI determinó ejercer este control constitucional, con el cual buscará evitar que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal reserven por seguridad nacional, de manera generalizada y anticipada, la información relacionada con los proyectos y obras que el gobierno lleva a cabo”.
El INAI advierte una posible transgresión al artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), toda vez que la “seguridad nacional es un presupuesto de reserva de la información”, con base en lo que se estableció en el artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Por lo anterior se corre el riesgo de que los sujetos obligados que generan la información de estos proyectos puedan pretender reservar información con base en el Acuerdo, lo cual vulneraría el derecho de acceso a la información.
“Cabe señalar que el INAI cuenta con un periodo de 30 días hábiles, a partir de hoy, para presentar ante la SCJN la controversia constitucional. En los próximos días, el Pleno aprobará en sesión pública el acuerdo correspondiente, con los puntos a controvertir y los argumentos jurídicos”, se lee en el documento emitido por el instituto.
Por su parte, en la conferencia mañanera de ayer, 23 de noviembre en Palacio Nacional, López Obrador descartó que la declaratoria de “seguridad nacional” a megaproyectos del Gobierno de México obstaculice la obligación a la transparencia y el derecho a la información.
Según su explicación, el Acuerdo únicamente busca “agilizar trámites”, de tal manera que las obras no se detengan por procedimientos burocráticos y puedan ser terminados en el tiempo que se tienen planeados.
“No tiene nada que ver con la transparencia. Las secretarías, todos estamos obligados a rendir cuentas (...) Aclarar que es un acuerdo y que todos tenemos la convicción de actuar con honestidad, cero corrupción”, expresó el presidente.
Para López Obrador éste es un asunto interno entre las dependencias federales que se rigen por “principios de protección al medio ambiente; de justicia; de honestidad” y, por ende, “se tiene que dar facilidades y se les tiene que tener confianza a las dependencias”, por encima de la normatividad aplicable.
López Obrador recordó que faltan sólo 120 días para la fecha límite en la que el Gobierno mexicano prometió concluir el AIFA. Asimismo, para el Tren Maya, detalló que aún está pendiente la construcción de mil 500 kilómetros de vías férreas para finales del 2023.
“¿Qué quisieran? ¿Que fracasáramos? ¿Que no concluyéramos la obra? Pues no. Tenemos que terminarla”, aseveró.
Con información de Infobae.
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