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El Colegio de Abogados no dejan una coma viva del Decretazo que autoriza en ciego cualquier obra de López Obrador. Le piden lo deje sin efectos mientras analistas ven acuerdos secretos de la pasada Cumbre en su urgencia y factura.
Especial
Pronto recibió el “Decretazo” dura respuesta de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados A. C. (BMA), cuyo objeto social entre otras cosas, es velar por el respeto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y los tratados suscritos por el Estado Mexicano.
Pues bien, la BMA encuentra al Decretazo ilegal e inconvencional (ajeno a leyes y convenios suscritos por México) y con deficiente e incorrecta fundamentación constitucional
El Acuerdo, dice el posicionamiento, declara como asuntos de interés público y seguridad nacional los proyectos del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos y otros que se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional.
Instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar la autorización provisional (con vigencia de 12 meses), necesaria para iniciar los proyectos u obras referidos en el párrafo anterior, y, con ello, garantizar su ejecución oportuna.
Dicha autorización se otorgará en un plazo de cinco días. Transcurrido dicho plazo sin que haya emitido la autorización se entenderá en sentido positivo (afirmativa ficta).
Pues bien, a la luz de ello, a la BMA le resulta francamente violatorio de:
- La división de poderes, en tanto pretende imponerse indebidamente sobre las leyes emanadas del Congreso de la Unión. Por ejemplo, en materia de competencia, medio ambiente, telecomunicaciones, energía, etc.
- Disposiciones en materia de competencia económica, en tanto que, en vez de promover la competitividad, genera una competencia desleal.
- Disposiciones en materia ambiental, particularmente el derecho humano al medio ambiente, como la autorización previa en materia de impacto ambiental y disposiciones sobre el desarrollo sustentable.
- Disposiciones en materia de debido proceso.
- Disposiciones en materia de consulta previa, tanto ambiental, como indígena y otros procesos sociales y agrarios.
- Disposiciones en materia de progresividad en materia de Derechos Humanos.
Adicionalmente, el acuerdo viola disposiciones contenidas en tratados comerciales en lo relativo a competencia económica, medio ambiente, consultas previas, energía, trato justo, debido proceso, entre otras.
Ante en ello, la BMA, respetuosamente, solicita al Poder Ejecutivo Federal dejar sin efectos el Acuerdo señalado, en respeto al Estado de Derecho.
Por otro lado, en las redes sociales circula la versión de que lo inopinado y sorprendente del decretazo obedece a acuerdos firmados en la reciente Cumbre de Jefes de Estado de América del Norte, en el sentido de que, “A EUA le urge que NO haya contratiempos jurídicos en el plan geoestratégico y político que tiene en el sureste de México. No es coincidencia la publicación del decreto después de la Cumbre. La entrega del sureste a los intereses imperiales es clave en la guerra comercial contra China. El canal de Panamá ya no es controlado por EUA, quien necesita urgente resolver un nuevo paso comercial y eso es el Corredor Transísmico, los 10 complejos industriales que se construyen, el Tren Maya, la construcción del gasoducto que atravesará el istmo y los desarrollos inmobiliarios que están surgiendo por doquier, por eso no quieren Consultas ni Amparos, le urge generar la infraestructura del despojo y del saqueo que fue la condición para que EUA avalara la candidatura presidencial de AMLO (Paco Ayala en FaceBook).
Con información de la BMA y FaceBook.
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