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El principio de generalidad de la ley que obliga a todos, empezando por la autoridad, quedó abolido ayer por un decreto que obliga a expedir permisos y licencias provisionales para toda obra de gobierno.
Captura de pantalla Twitter: @TrenMayaMX
La pertinencia, viabilidad y factibilidad no la dan los méritos de la obra sino su paternidad: “Los proyectos regionales de infraestructura, desarrollo socioeconómico y turismo son importantes para incrementar la derrama económica del turismo, crear empleos, impulsar el desarrollo sostenible y proteger el medio ambiente”, tal es la premisa mayor axiomática, es decir que no requiere comprobación.
Si ello es así, son de interés público y de seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del gobierno de México asociados a infraestructura. Premisa menor.
Y en esta categoria se definen, conforme al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), los proyectos y obras a cargo del gobierno de México que abarcan los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional.
Luego entonces, conclusión: se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar la autorización provisional a la presentación y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar a los proyectos u obras del gobierno y con ello garantizar su ejecución oportuna.
Lo que importa no es ya su pertinencia, necesidad y procedencia, sino que se ejecute, sin importar posibles daños, consecuencias y costos.
La autorización provisional automática se sigue de una especie de explicación propagandistica política: dicha medida se da con el fin de que “la actual administración continúe con la ruta encaminada a impulsar y consolidar los proyectos que nos llevarán como Nación a lograr el crecimiento económico y, con ello, lograr el bienestar social”.
Y culmina con la afirmativa ficta, si la autorización provisional tendrá una vigencia de 12 meses contados a partir de la presentación de la solicitud correspondiente. Transcurrido dicho plazo sin que se emita una autorización provisional se considerará resuelta en sentido positivo.
El acuerdo entró en vigor ayer lunes tras su publicación en el DOF, las erogaciones que se generen con la entrada en vigor del presente se cubrirán con cargo al presupuesto autorizado a los ejecutores de gasto correspondientes en el ejercicio fiscal que se trate, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes.
El decreto no menciona nada sobre los permisos y licencia definitivas, su expedición y, sobre todo, qué sucede si conforme la legislación vigente, al final del camino los proyectos no reunen los requisitos para su hechura.
Como sea, la autoridad solo tiene que ser omisa en emitir la autorización definitiva durante 12 meses para que se considere la afirmativa ficta de la autorización provisional. En otras palabras, toda la legislación relativa a los requisitos legales, técnicos, financieros, de factibilidad, ambientales y de demás tipo, han quedado abrogados por la vía de un decreto.
Tras su publicación, en las redes se expresó extrañeza, cuestionamientos y reprobaciones del decreto y su propósito.
Este decreto del Presidente es evidentemente inconstitucional. https://t.co/1o6bWjIylP
— José Ramón Cossío D. (@JRCossio) November 23, 2021
-“¿Cómo le hacemos para esconder la corrupción, los retrasos, los errores, las violaciones ambientales y los problemas técnicos de mis obras?”
— Max Kaiser (@MaxKaiser75) November 23, 2021
-“Diré una locura, no me haga caso, pero podría declararlas de seguridad nacional”
-“No se diga más, redacte el Decreto” https://t.co/h4rEq9NjeD
Para entender el decreto de hoy en el DOF sobre las obras del gobierno de AMLO que son declaradas de seguridad nacional, hay que leer las excepciones del Artículo 4 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. pic.twitter.com/TWeYrS60IM
— Maurizio Montes de Oca (@maumondeo) November 23, 2021
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