El puente de la Revolución es sin duda militar

Por lo menos en materia de seguridad pública la militarización se acentúa en el país.

De 11 entidades que ganó Morena en las elecciones de junio pasado, siete atendieron el llamado presidencial y tienen Jefes de Policía que provienen del Ejército o la Marina.

Súmese a ellos San Luis Potosí, donde Ricardo Gallardo, que llegó bajo los colores del PT-PVEM, también nombró un castrense.

La designación de los mandos locales es facultad de cada Gobierno, pero López Obrador ha solicitado a las Fuerzas Armadas que palomeen los perfiles propuestos por los titulares del Poder Ejecutivo estatal.

Incluso, el pasado 19 de octubre, López Obrador pidió expresamente a las nuevas gobernadoras y mandatarios consultar el nombramiento de sus encargados de seguridad con los titulares del Ejército y Marina.

La finalidad, dijo, es que las administraciones estatales designen a personas incorruptibles.

"También les recomiendo que consulten tanto al Almirante (Rafael) Ojeda, secretario de Marina, como al General (Cresencio) Sandoval, para que se tengan personas honestas, íntegras.

"Repito, incorruptibles y que se evite lo que era muy común antes, que la delincuencia tenía el control de las Policías en los estados y en los municipios. Entonces, eso es lo que hago", manifestó el presidente.

Así, en Guerrero fue nombrado el Capitán de la Marina, Evelio Méndez Gómez; en Michoacán el General y ex Comisario de la Guardia Nacional, José Alfredo Ortega Reyes.

En Colima, la seguridad está a cargo del también Capitán Manuel Llerandi Ruiz; en Sinaloa del Teniente Coronel, Cristóbal Castañeda Camarillo.

Baja California Sur encargó la tarea al Capitán Javier López García; mientras que Baja California y Tlaxcala designaron a los marinos Iván Carpio Sánchez y Alfredo Álvarez Valenzuela, respectivamente.

A estas entidades se suman dos (Morelos y Tamaulipas) que ya tenían mandos de origen militar, por lo que suman 10 en todo el país. El gobierno en Tamaulipas, habrá que recordar, es de origen panista

Para Carlos Mendoza, experto en temas de seguridad pública, la designación de mandos castrenses en los gobiernos estatales no es una práctica adecuada ni conveniente.

Las policías son instituciones civiles, pero se observa un involucramiento creciente de las Fuerzas Armadas en diferentes facetas de la vida pública, en detrimento de la formación de policías profesionales.

"Ya ni siquiera hay un argumento de que va a ser transitorio y que se va a regresar a un mando civil; ahora sólo se consulta a la Defensa o a la Marina (y se hace el nombramiento)", señala Mendoza.

"Hay una narrativa explícita de extender el control militar de las fuerzas policiales y eso me parece algo muy preocupante", agregó.

La militarización en el ámbito de la seguridad es un aumento progresivo de la presencia, poder y facultades de las Fuerzas Armadas en tareas propias de la autoridad civil.

Se manifiesta, entre otras cosas, en el uso de efectivos en activo o en retiro para tareas anticrimen y en la "subordinación" de las fuerzas policiales a la autoridad militar.

Para Mendoza más que una sugerencia presidencial parece una instrucción la designación de mandos de las Fuerzas Armadas o bien una "consigna clara" para los gobernantes de Morena.

"Es muy preocupante que el Gobierno mande esas señales porque el Ejército va ocupando más cargos de importancia y, por supuesto, toma el control del Estado de fuerza", añade Mendoza.

El también consultor afirma que dicha designación evidencia una medida de "disciplina partidista" y hasta una evasión de responsabilidades locales.

"Que dado el problema de violencia o inseguridad en ciertos sitios, ellos (los gobernantes) prefieren dejar que el Ejército sea en quien recaiga la responsabilidad del fracaso o el éxito", expone.

"Creo que es un espacio de confort, de comodidad y pues, obviamente, muy conformista, que no deberíamos estar atestiguando".

El nombramiento de mandos estatales castrenses se ha perpetuado a pesar de que, en su momento, fue una medida duramente criticada por tratarse de un tipo de militarización.

En ese mismo tenor se inscribe la reunión el sábado en Gobernación de todos los gobernadores de origen morenista con el secretario del ramo, Adán Augusto López, acompañado del presidente y secretaría general de Morena, según tuit publicado por el mandatario de Nayarit.

Gobernadoras y Gobernadores de varios estados nos reunimos con el señor Secretario de Gobernación, Lic. Adán Augusto López, para reafirmar nuestro compromiso de seguir avanzando hacia un nuevo federalismo en nuestro país. pic.twitter.com/QY1vGNVpHE

— Miguel Ángel Navarro (@MiguelANavarroQ) November 13, 2021

No es que tenga necesariamente algo criticable que lo haga y con todo y sus dirigentes nacionales, pero sí que desde hace años el gobierno federal no se reúne físicamente con los gobernadores todos o bien con los que no son de Morena. A algunos, ni el teléfono les contestan.

Y por si faltará algo, en 2020, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) adjudicó directamente contratos sin licitación en un 64% superior a 2019.

Empresas, en su mayoría, de reciente creación o con domicilios en los que investigaciones de Reforma constataron que no hay empresas.

La suma de adjudicaciones directas alcanza los 6 mil 331 millones de pesos, 64% más que el monto destinado por esa vía en 2019, según el Índice de Riesgos de Corrupción elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

En 2020, Sedena gastó en compras públicas 17 mil 462 millones, contra los 10 mil 798 millones del 2019.

Angar Azcapotzalco y Soluciones Integrales en Gestión de Riesgo de Desastres destacan de entre los cinco principales proveedores de la dependencia en el actual sexenio.

Tan solo a Angar, el 30 de octubre de 2019, Sedena le adjudicó directamente la compra de 2 mil 200 pick ups por un total de mil 213 millones de pesos.

Ello, a pesar que más de 23 proveedores presentaron una cotización para proveer la marca de camionetas seleccionada. La Sedena justificó la adjudicación directa bajo la fracción VIII del artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que permite el procedimiento en razones justificadas para la adquisición de bienes de marca determinada.

A Soluciones Integrales, la secretaria castrense adjudicó directamente mil 168 millones de pesos por la compra de ventiladores mecánicos para atender la emergencia por la pandemia de Covid-19.

"Este es el único contrato que la empresa ha recibido por parte del Gobierno federal, de acuerdo con los registros de Compranet. Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad documentó que la empresa es propiedad de el exsenador priista José María Tapia Franco".

Por lo que hace a Angar Azcapotzalco, 92% de lo contratado con ella entre 2018 y 2020 fue bajo el esquema de adjudicación directa, mientras que Gestión de Riesgo de Desastres, creada en diciembre de 2018, recibió 100% vía adjudicaciones directas.

"El mayor riesgo para Sedena es la contratación de empresas de reciente creación, ya que en 2020 otorgó contratos por 199 millones de pesos a empresas que tenían menos de un año de existencia", advierte el IMCO.

Así, Distribuidora Yovic, constituida el 30 de junio de 2020, recibió ese año 10 contratos por un millón 900 mil pesos de la Sedena y fue invitada a un proceso restringido para adquirir refacciones para maquinaria pesada el 21 de julio, a 22 días de su constitución.

Grupo Reforma visitó el domicilio fiscal de Distribuidora Yovic, registrado en Cerrada Morelos 9, Colonia Venustiano Carraza, Tlalnepantla, y constató que no hay una empresa en el lugar, sino un domicilio particular en una zona popular.

También la firma Losequi recibió una adjudicación directa por 10.4 millones de pesos para equipos de protección (overoles) para enfrentar la pandemia de Covid-19. La empresa entonces tenía 93 días de haber sido constituida y su domicilio fiscal en una zona de departamentos en Gabriel Mancera 725, Colonia del Valle.

Creada el 29 de enero de 2020, esa Losequi recibió más de 26 millones de pesos en contratos de la Sedena durante su primer año de existencia.

Bohol Comercio Internacional recibió en octubre de 2020 un contrato por 60 millones de pesos por la adquisición de monitores de signos vitales y otro de un millón de pesos para la compra de overoles desechables, ambos durante su primer año de existencia.

Con información de Twitter, Reforma.

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