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Al controlar un insumo indispensable se logra control político y sumisión. La reforma eléctrica busca control político no mejor servicio, precios o justicia: Montserrat Ramiro.
canva.com
Control político a través de un insumo indispensable para los consumidores, la electricidad, es lo que esconde la reforma eléctrica de López Obrador, al parecer de Montserrat Ramiro, excomisionada de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
“Es control político a través de un insumo fundamental que es la electricidad. El mejor ejemplo de que esto es así es la desaparición de los órganos reguladores, si no tienes un regulador no tienes una visión de largo plazo y lo que concentras es el poder de decisión y el poder de decisión en una sola empresa", señaló Ramiro, integrante ahora del Wilson Center Global Fellow.
Es muy fácil, dice Montserrat Ramiro, la centralización del sistema es contraria a tener un mercado competitivo y ello tiene impactos diversos en la vida diaria de las personas que necesitan la energía para hacer sus actividades y en la economía por el desarrollo de productos, servicios y finanzas públicas.
"Cuando se centralizan los sistemas eléctricos tiende a haber menos competencia, es decir, menos posibilidad de optar por mejores opciones y, lo más grave me parece es que la decisión de centralizar le pone un peso muy grave al presupuesto público mexicano. Nos quita la posibilidad en el corto plazo de tener incentivos y caminos para la innovación tecnológica.
"Nos limita en términos de competitividad económica como país y a los consumidores nos resta libertades en términos de la posibilidad de tomar control sobre una actividad tan importante como es la electricidad y al no tener un camino claro hacia el crecimiento económico y la transición energética", señaló Ramiro durante su participación en el foro Solar Power México 2021.
La iniciativa busca eliminar a los órganos reguladores como la CRE y la CNH y limita la participación de los privados a sólo vender su energía a la empresa estatal que es la Comisión Federal de Electricidad (CFE) —que así pasaría a controlar toda la cadena del sistema eléctrico nacional, desde la generación de energía hasta el suministro a los usuarios— y no a los consumidores, lo que deja a las empresas y usuarios con una sola alternativa de suministro.
Para, Rosanety Barrios, experta en temas de energía, la propuesta no es sólo un tema de control, sino que vulnera por igual la democracia.
"Esta propuesta le da a la CFE un control total, de poner tarifas y comprar energía en las tarifas que decida (...) un control político absoluto. Podría decidir no dar energía a algún estado o no crear infraestructura. Este planteamiento está debilitando de manera grave nuestra democracia", acusó.
Con información de Reforma.
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