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Detecta ASF irregularidades en Bienestar y Migración

Entre las aclaraciones solicitadas por la Fiscalización de la Cuenta Pública 2020, destacan erogaciones en programas de la Secretaría del Bienestar y el Instituto Nacional de Migración.

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Por: Redacción
  • 29/10/2021

En la presentación ayer de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2020, por parte de la Auditoria Superior de la Federación, destacan, entre otros temas particulares, dos: uno sobre programas para discapacitados e hijos de madres trabajadoras, y otro sobre el Instituto Nacional de Migración.

En lo particular, descuellan irregularidades por más de 103 millones de pesos en los programas para discapacitados e hijos de madres trabajadoras, sobre los que la administración federal en 2020 repartió apoyos a beneficiarios inexistentes e incluso a fallecidos.

Ver nota: Detectan muertos entre los beneficiarios de Bienestar
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Así, se informó, la ASF documentó la entrega de 77.3 millones de pesos a 5 mil 393 individuos del padrón de personas con discapacidad, pero de las cuales no hay registro de su correspondiente CURP.

El Registro Nacional de Población reportó que, en estos casos, la CURP de los beneficiarios del programa tenía el estatus de claves "inactivas o no válidas".

"No se acreditó, con documentación, la aprobación de las solicitudes de los apoyos de los beneficiarios del programa", señalan los resultados de las auditorías a la Secretaría de Bienestar en la Cuenta Pública de 2020.

Adicionalmente, a mil 6 beneficiarios sin registro de la CURP en el Padrón de Beneficiarios se les entregaron apoyos por 13 millones 393.4 mil pesos, cuando la CURP es uno de los requisitos de acceso a los programas conforme las Reglas de Operación.

A 324 beneficiarios fallecidos en 2019 se entregaron apoyos por 2 millones 246 mil 400 pesos.

Y de los difuntos del 2020 se encontraron 662 personas que recibieron apoyos del orden de dos millones 572 mil 800 pesos.

La ASF también halló a 142 beneficiarios que recibieron pagos adicionales, desde uno y hasta por seis bimestres, de acuerdo con la "fecha de incorporación" al programa por un total de 882 mil 400 pesos.

Se ubicaron 28 beneficiarios a los que se les asignaron dos diferentes identificaciones en el padrón, aunque compartan el mismo nombre y/o CURP y/o domicilio, lo que ocasionó que se les otorgaran apoyos duplicados por un monto de 177 mil 900.

A 21 beneficiarios con más de 67 años, edad máxima establecida para ser beneficiario del programa, se les otorgaron apoyos por 176 mil 900 pesos.

La Secretaría del Bienestar no proporcionó 28 expedientes de beneficiarios seleccionados y se detectó que en 140 expedientes se carece de uno o más documentos establecidos en las Reglas de Operación, lo cual limitó validar los criterios de elegibilidad y requisitos de acceso.

En el programa Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras —que sustituyó al programa de Estancias Infantiles— fueron hallados beneficiarios inexistentes.

La práctica de los "niños fantasma" fue aplicada en el Gobierno de López Obrador, que solo entrega los apoyos directos a los padres de familia, luego de que desaparecieron las estancias infantiles. Y en este caso, la ASF determinó faltantes de comprobar 7 millones 68 mil pesos, entregados como apoyos a 114 madres, padres o tutores y a mil 293 niños y niñas, quienes no contaron con la CURP ni documentos que los identificaran.

Se encontró que no hubo comprobación de beneficiarios, no solo por falta de la CURP, sino tampoco de la credencial de elector, acta de nacimiento o comprobante de pago.

Por igual se otorgaron apoyos por 470 mil pesos a 278 niñas y niños que rebasaron la edad límite establecida en las Reglas de Operación, que no debe ser mayor de cuatro años.

Hay pagos por 66 mil 800 pesos a 19 beneficiarios, después de su fecha de fallecimiento.

Tampoco se entregaron comprobantes y recibos por concepto de 64 pagos efectuados por las instancias pagadoras a 30 beneficiarios.

"Falta un sistema informático para la operación, control, seguimiento y supervisión del programa que permita obtener y procesar la información de cada uno de los procesos operativos, así como comunicar o disponer de la información relevante y de calidad, lo cual también fue observado en una auditoría que se practicó con motivo de la revisión de Cuenta Pública 2019”, y "se identificaron debilidades de control en el contenido de las Reglas de Operación", concluye la auditoría.

La ASF emitió tres promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria por los resultados en los programas de discapacitados y ayuda a madres.

Por otro lado, el Instituto Nacional de Migración (INM) de la Secretaría de Gobernación, generó posibles daños al erario por 143 millones 251 mil 249.84 pesos, por adquisiciones derivadas de cuatro contratos con empresas del ramo tecnológico, algunas con indicios de ser fantasmas, y con sobreprecio detectados.

El INM pagó 113 millones de pesos a Comercializadora Antsua, S.A. de C.V., por arrendamiento de equipo informático de escritorio, que incluía servicios de mantenimiento y soporte técnico, sin embargo, las auditorias muestran que, de ese total, se pagaron 107 millones 747 mil pesos por el arrendamiento de equipo por el periodo de un mes, “lo cual es 42 millones 700 mil pesos superior al precio de 65 millones 46 mil pesos, al que se adquirieron los equipos con los fabricantes DELL y HP”. Dicho sobreprecio no fue justificado.

Por igual, se determinó que 2 mil 682 equipos “no cumplen con las características mínimas de velocidad de procesamiento y de disco duro establecidas en el anexo técnico”, mientras que, de una muestra de mil 331 equipos, “no se acreditó la existencia en 260 (19.5% de la muestra), por los que se realizaron pagos por 6 millones 988 mil pesos”.

En la investigación, la ASF se descubrió que la Comercializadora Antsua S.A. de C.V. podría operar con empresas fantasma ya que entre noviembre de 2019 y junio de 2020 recibió pagos por 231 millones 696 mil pesos de entidades del gobierno federal y estatal, de los cuales distribuyó 146 millones 79 mil pesos entre seis empresas (segundo nivel) que a su vez distribuyeron 127 millones 778 mil pesos a un grupo de 15 empresas (tercer nivel).

“De las 21 empresas de segundo y tercer nivel se observó que sus operaciones no tienen relación con la prestación de los servicios proporcionados al INM”, señala la auditoría practicada.

Entre los contratos en revisión, se identificó a ocho empresas vinculadas entre sí, con los mismos socios accionistas, mismos domicilios fiscales, números telefónicos y correos electrónicos, igual Registro Federal de Contribuyentes o bien, constituidas en las mismas fechas o ante el mismo corredor público.

Otras 19 empresas contratantes, incluyendo al proveedor adjudicado, “no reportaron movimientos relacionados con sueldos y salarios ni empleados durante los ejercicios de 2019 y 2020; 20 de ellas son de reciente constitución (incluyendo al proveedor adjudicado) y 10 no reportaron ingresos o no presentaron declaraciones ante el Servicio de Administración Tributaria durante el ejercicio de 2020”.

En otro de los contratos, éste contraído con la empresa Tecnología en Sistemas de Apoyo, S.A, se pagaron 53 millones de pesos por un servicio de seguridad informática y monitoreo de red, pero “se identificaron diversos incumplimientos en la prestación de los servicios (…) por lo que se estiman pérdidas por 8 millones 133 mil pesos.

En otro contrato para prestar servicios de seguridad de la información, celebrado con IQSEC, S.A. de C.V., se encontró que de 5 mil 500 licencias de softokens proporcionadas, solamente se utilizaron 315 (5.7% del total), y no se implementó la herramienta para la administración de identidades solicitada en el anexo técnico, servicios por los que se pagaron 7 millones 659 mil pesos con recursos del ejercicio 2020 y un millón 135 mil con recursos de 2021.

Otras irregularidades se encontraron en contrato con Nemecisco, S.A. de C.V., para la expedición de tarjetas de identificación de condición migratoria (visitante, residente, visitante regional y visitante trabajador fronterizo), por un monto superior a los 81 millones de pesos.

La ASF determinó que el desembolso fue superior en 72 millones 608 mil pesos al costo que significó al proveedor la prestación del servicio, “considerando que por los insumos reportó pagos por 8 millones 591 mil pesos y no informó que hubiera incurrido en costos adicionales de personal ni de operación”.

Nemecisco, S.A. de C.V. pudo también haber incurrido en evasión fiscal, toda vez que entre noviembre de 2020 y julio de 2021 recibió pagos por 92 millones 675 mil pesos con recursos federales y estatales, de los que distribuyó 84 millones 499 mil en tres empresas nacionales y tres internacionales, ubicadas en Panamá, Hong Kong e Israel, además de cuentas en diversas instituciones bancarias en el extranjero, en países como Estados Unidos, Israel, Suiza y Panamá, cuyas operaciones no tienen relación con la prestación de los servicios proporcionados al INM.

Con información de Reforma y El Universal.

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