4 mmdp por aclarar: ASF

elcontribuyente.mx

Por: Redacción

• 29/10/2021

Un regañado David Colmenares Páramo, auditor Superior de la Federación, presentó ayer la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020, de la que destacan 4 mil millones de pesos de gasto federalizado por aclarar.

Como se recordará, el año pasado la Fiscalización fue desvirtuada por el presidente, un alto funcionario de la Auditoría Superior fue defenestrado y sujeto a investigación y meses después el propio personaje, ya exfuncionario, reiteró la certeza y seguridad de su trabajo. Sin que nadie, entonces, lo contradijera.

Con ese antecedente, Colmenares Páramo se apersonó ayer en la Cámara de Diputados a entregar el trabajo de la dependencia.

De ella —la dependencia— se destaca que el monto observado en las auditorías realizadas al gasto federalizado programable, para la segunda entrega de los informes individuales de auditoría de la Cuenta Pública 2020, ascendió a 4 mil 241.1 millones de pesos (mdp), éste se integra de un monto por aclarar de 4 mil 4.9 millones de pesos y 236.2 millones de pesos de recuperaciones operadas.

Sobre el monto por aclarar (4 mil 4.9 millones de pesos), ya se emitieron 201 pliegos de observaciones por 3 mil 721.9 mdp (92.9%) y 23 solicitudes de aclaración por 283.0 mdp (7.1%).

En el informe respectivo se señala que "este importe está sujeto a las aclaraciones que se efectúen en los plazos establecidos para tal fin o, en su caso, a la recuperación de los montos".

Si bien para la fiscalización de la Cuenta Pública 2020 se previeron mil 523 auditorías, en agosto de este año fueron añadidas 100 revisiones más, es decir, la programación vigente consta de mil 623 auditorías, según se informó.

Ahora bien, de las auditorías programadas, ayer se presentaron 625 revisiones concluidas, que se suman a las 125 presentadas el 30 de junio, con lo cual se alcanzan 750 auditorías, equivalentes a más del 46% con respecto al total incluido en el Programa Anual, del cual se dará cuenta en su totalidad en el Informe de Resultados de la Fiscalización Superior en febrero próximo.

Estas 625 auditorías están distribuidas entre las de Gasto Federalizado, que incluye a los Estados y municipios, las de Cumplimiento Financiero y las de Desempeño.

Entre las revisiones se practicaron 143 a instancias federales, de las cuales una corresponde al Poder Judicial, 135 al Poder Ejecutivo, tres a Órganos Autónomos y cuatro a universidades autónomas.

Tratándose de instancias locales, se efectuaron 482 revisiones: 230 a entidades federativas; 101 a municipios y alcaldías de la Ciudad de México; 67 a Universidades Estatales (Tecnológicas y Politécnicas) y 84 a otras entidades locales (32 a Congresos Estatales; 12 a Poderes Judiciales Locales; 27 a los Colegios de Bachilleres Estatales, 12 a los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia Estatales y una al Organismo Público Descentralizado local denominado Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México).

Destacan 4 auditorías a entes que no habían sido revisados por más de cinco años: Casa de la Moneda, Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca y los municipios de Sonora y Zinacantán, Chiapas.

En el caso de la estrategia de fiscalización del gasto federalizado, por primera vez se auditaron a las universidades tecnológicas y politécnicas, así como a los colegios de bachilleres locales, que reciben recursos por subsidio.

Colmenares Páramo señaló que el objetivo es salvaguardar la correcta ejecución de los recursos públicos, lo que tiene repercusiones positivas directas en el buen funcionamiento de los entes públicos y, por tanto, en la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía y en la calidad de los bienes y servicios que proveen los tres órdenes de gobierno.

"Cuando se subraya el carácter técnico de la fiscalización, podría interpretarse que se trata de un ejercicio paralelo o tecnocrático a la realidad cotidiana de las y los ciudadanos. No es así, porque los efectos de la fiscalización superior inciden positivamente en el correcto uso de los recursos públicos".

El auditor llamó a los legisladores para que tengan más evidencia para la aplicación de sanciones y el combate a la impunidad porque para la ASF es prioritario el fortalecimiento de las capacidades y la coordinación con las instancias responsables de la procuración e impartición de justicia.

Colmenares aprovechó el espacio para presentar la más reciente innovación en materia tecnológica de la ASF. Se trata del 'laboratorio de análisis de resultados del gasto federalizado', que consiste en un sistema orientado a simplificar el acceso de los resultados de la fiscalización superior al gasto federalizado.

Laboratorio a través del cual, de manera paulatina, se podrán consultar, comparar y obtener datos estadísticos respecto a la asignación, ministración y ejecución de los recursos de origen federal en los entes que conforman el sistema subnacional de gobierno.

Como se sabe, gasto federalizado se refiere a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México. En 2020, su importe ascendió a 1 millón 955 mil 684.0 millones de pesos, de los cuales 1 millón 112 mil 138.7 pesos (el 56.9%) correspondieron a su componente programable y 843 mil 545.3 pesos (el 43.1%) a las participaciones federales, es decir, el gasto federalizado no programable.

Pues bien, sobre la evolución del gasto federalizado, el auditor superior explicó que en el periodo 2000-2020, el gasto federalizado creció, en términos reales, a una tasa media anual de 3.1%; su componente programable o transferencias condicionadas lo hizo a una tasa del 3.2% y las participaciones federales, a una tasa del 3.0 por ciento.

Sin embargo, dijo que, en el lapso 2012-2020, la tasa de crecimiento media anual, en términos reales, fue de 0.6% para el gasto federalizado, producto de un comportamiento inverso de sus componentes, ya que para las transferencias condicionadas esta tasa fue de menos 0.7% y del 2.7% para las participaciones federales.

En lo particular, y entre muchos otros casos, se destacan observaciones graves en programas para discapacitados e hijos de madres trabajadoras, así como en contratos en materia de tecnologías de la información con empresas fantasmas firmados por el Instituto Nacional de Migración, dependiente de la Secretaría de Gobernación.

Con información de El Sol de México, El Universal y Reforma.


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