Ni una coma contra deducciones y donativos, pero aumento en derechos

Cámara de Diputados

Por: Redacción

• 21/10/2021

Treinta horas de insultos, protestas, tomas de tribuna, descalificaciones, golpes y cerrazón, más un agotamiento sordo y frustrante tomó sesiones consecutivas en tres días la discusión en lo particular el dictamen de la Miscelánea Fiscal, aprobado por 274 votos a favor y 220 en contra.

Ayer mismo pasó al Senado para su aprobación final, considerando posibles reenvíos a la cámara de origen. De ello dependen los ingresos del Estado el año que entra y la carga ciudadana de proveerlos.

Sin embargo, los tiempos que marca la ley para tener aprobada esta legislación hacendaria no serán cumplidos, lo que marca un tropezado y violento inició de legislatura

Finalmente, el bloque mayoritario en la Cámara de Diputados, Morena, consumó el golpe a las organizaciones de la sociedad civil, limitando el monto que podrán deducir las personas físicas vía donativos.

La redacción propuesta para el nuevo régimen de deducción de impuestos para el caso de donativos a organizaciones de la sociedad civil, pues, quedó en sus términos y ahora será el Estado el principal y en los hechos casi único benefactor y filántropo por ley.

Las oposiciones al gobierno en el Senado intentarán convencer a Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, a que acceda a negociar la eliminación del artículo, tras la cerrazón inamovible del coordinador de la bancada guinda en la Cámara de Diputados, el poblano Ignacio Mier.

Fueron más de 20 reservas sobre el mismo tema las presentadas y rechazadas, de suerte que la redacción impone un tope al monto total de las deducciones que no podrá exceder a cinco veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) o del 15% del total de los ingresos del contribuyente.

Tope que reducía significativamente el monto y la cantidad de donativos, afectando la subsistencia y operación de organizaciones enfocadas en diversas actividades y servicios a la población. Las advertencias y argumentos en contra de especialistas y legisladores no lograron penetrar el muro casi fanático de Morena y sus aliados en la cámara baja, cada vez más baja.

Fue tal la cerrazón para evitar corrección alguna al artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta sobre las OSC, que los diputados de Morena y PT llegaron a los golpes con los panistas, en el debate de reservas que llegó a ser en ciertos momentos solo jaloneos.

La intransigencia llegó, incluso, a la diputada morenista María Clemente García, quien propuso un término intermedio que sin dañar a las organizaciones combatiera los abusos en las deducciones.

El intento de algunos legisladores de apoyar a la diputada transgénero obtuvo por respuesta la instrucción del coordinador morenista, Ignacio Mier a rechazar la reserva de alguien que ha luchado en contra el VIH con el apoyo y del brazo de estas agrupaciones y sus patrocinadores.

Pero no todo fue en balde, Morena cedió en otros temas de la miscelánea fiscal.

Así, accedió a cambiar la propuesta de obligaba a mayores de 18 años de edad a inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) aún y cuando no realizasen actividades económicas.

Fue ya en la discusión en pleno que la morenista Lidia García presentó una reserva al artículo 27 del Código Fiscal de la Federación que mantiene la obligatoriedad del registro, pero elimina las sanciones en caso de que éste no se realice.

"Las personas físicas mayores de edad deberán solicitar suscripción al Registro Federal de Contribuyentes, tratándose de personas físicas en actividades económicas. Dicha inscripción se realizará bajo el rubro inscripción de 'personas físicas sin actividad económica' conforme al reglamento de este Código, por lo que no adquirirán la obligación de presentar declaraciones o pagar contribuciones", señalaba originalmente el dictamen.

La modificación aprobada adiciona al final la frase: "Y tampoco les serán aplicables sanciones incluyendo la prevista en el artículo 80, fracción I, de este Código".

En su argumentación, la diputada de Morena admitió coincidir con el SAT en la necesidad de impulsar la cultura tributaria, pero llamó a a ser cuidadosos en la manera como ésta queda asentada en la ley y se aplica en la realidad.

La diputada García llamó a sus pares y compañeros de partido a ser congruentes y, muy a tono con la oposición, reconoció que el RFC es un mecanismos diseñado de manera específica para contribuyentes.

"Debemos ser cuidadosos de no generar obligaciones a los jóvenes o hacerlos susceptibles de requerimientos innecesarios, debemos ser congruentes y responsables. El Registro Federal de Contribuyentes es específicamente para contribuyentes, las personas que generan ingresos y tienen como responsabilidad el pago de impuestos", arguyó en tribuna.

En similar postura, la perredista Elizabeth Pérez reconoció:

"Hemos estado tratando de encontrar de la otra parte de esta soberanía la posibilidad de llegar a acuerdos para no criminalizar, para no hacer terrorismo en contra de nuestras juventudes y por fin encontramos unos oídos que no son sordos", expresó.

A su vez el priista Hiram Hernández reconoció a la mayoría de Morena en la Cámara modificar lo que llamó "una aberración contra la juventud", pero, advirtió, la reforma es una simulación, porque no elimina la obligatoriedad, lo que abre la puerta a que los jóvenes puedan ser víctimas de la fiscalización y la persecución del SAT.

Para el panista José Elías Lixa la modificación frena "el estigma sancionador hacia la juventud", pero lamentó que el cambio fuese resultado de la presión y no de la razón.

El albiazul advirtió que inscribir a los jóvenes en el régimen de "personas físicas sin actividad económica" puede tener consecuencias graves, porque es en éste en donde muchas veces están socios de empresas que no tiene utilidades ni otra actividad económica, lo que les limitaría el acceso a estímulos para nuevos contribuyentes.

Entre otras modificaciones avaladas, el pleno aprobó las de los artículos 91 y 96 del Código Fiscal de la Federación, que originalmente tipificaban como un delito atribuible a contadores públicos el no denunciar probables delitos de contribuyentes.

La reserva en contra fue presentada por el petista Benjamín Robles, quien señaló que no constituirá infracción la omisión de la denuncia tratándose de la clasificación arancelaria de mercancías.

Además, cambió la redacción para establecer que los contadores públicos deberán informar a las autoridades "probables" hechos constitutivos de delitos o de lo contrario se le considerará cómplices de los mismos.

Para la panista Patricia Terrazas, lejos de resolver el problema, la modificación generará incertidumbre, porque establece que basta la sospecha para denunciar a contribuyentes.

"La modificación al artículo 96 propone que cuando un contador público haya tenido conocimiento de un hecho, probablemente constitutivo de un delito, de no informarle se considerará encubridor, es decir, ahora tendrá que ser cuando el contador público sospeche, no nada más cuando tenga la certidumbre", advirtió.

Pese a ello, reconoció que es mejor quitar las sanciones que insistir en su necedad.

En interminable sesión, la Cámara logró aprobar la Ley Federal de Derechos con 268 votos a favor y 220 en contra, con actualizaciones en cuotas que superan la inflación del 3.6 por ciento.

Diversos derechos disparan sus costos dentro del paquete de ingresos del 2022. Contra ello se presentaron hasta 115 reservas.

Una de las más cuestionadas es la referida a los incrementos por emisión de los pasaportes, que suben hasta en un 24.3 por ciento.

Los pasaportes con un año de vigencia suben 12.6%, pasando de 646.5 pesos a 754.6 pesos; con duración de tres años, se ajustan al alza en 5.6%, de mil 343.4 pesos a mil 471.4 pesos; y el pasaporte por 10 años tiene un incremento de 19%, de 2 mil 840.6 pesos a 3 mil 506.1 pesos.

Los pasaportes oficiales tendrán un aumento del 24.3%, al pasar de 535.12 pesos a 689 pesos.

Otros aumentos arriba de la inflación se fijaron para la expedición del certificado de nacionalidad mexicana, que se ajusta en un 516.1% más, pasando de 317.17 pesos, a 2 mil 026 pesos a partir de enero que entra.

La carta de naturalización se incrementa en un 34.3%, de 5 mil 593.3 a 7 mil 788.10 pesos el próximo año.

El cobro por el trámite de visitante trabajador fronterizo, sube 10.3%, de 415.9 a 476 pesos.

La Tarjeta de viaje APEC Business Travel Card pasa de mil 459.32 pesos a 4 mil 376.30 pesos, 189.2% más.

El apostillamiento de documentos públicos federales sube 92.8%, de 871.32 a mil 742.64 pesos.

El acceso a museos y zonas arqueológicas del país también sube. Se crean tres nuevas categorías con precios de 85, 70 y 65 pesos.

Actualmente hay 5 tarifas que corren de los 48 a los 80 pesos.

La reforma a la Ley Federal de Derechos también crea la licencia sanitaria para establecimientos de atención médica, donde se practiquen actos quirúrgicos u obstétricos, con un costo de 24 mil 503.9 pesos.

La expedición de la licencia sanitaria para establecimientos que presten servicio de hemodiálisis tendrá un costo de 23 mil 912 pesos.


Con información de Reforma.

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