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El PRI pinta su raya en deducciones a donativos

Recaudatoriamente no ayuda en nada y sí perjudica y mucho a organizaciones de la sociedad civil limitar la deducibilidad de las donaciones, sostiene el PRI y anuncia que no acompaña la propuesta.

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Por: Redacción
  • 18/10/2021

Para el PRI sujetar las donaciones a la limitante global en las deducciones personales, desmotivaría a personas físicas a apoyar a organizaciones de la sociedad civil ante la restricción para descontar estas aportaciones.

Así, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados pintó su línea sobre la iniciativa de reforma al Artículo 151 de Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR).

Si saben contra, no cuenten conmigo, dijo.

Rubén Moreira Valdez, coordinador de la bancada del PRI en San Lázaro, adelantó que su grupo presentará ante el Pleno de la Cámara de Diputado reservas sobre la propuesta de adición a la LISR, enviada por el Ejecutivo el pasado 8 de septiembre, y que propone modificaciones a su artículo 151, último párrafo, en el sentido de que el monto total de las deducciones que podrán efectuar los contribuyentes no podrá exceder de la cantidad que resulte menor entre cinco veces el valor anual de la UMA o del 15% del total de los ingresos del contribuyente, incluyendo aquéllos por los que no se pague el impuesto; esto implica que en esa disposición se establece una limitante global para las deducciones.

En otras palabras, nadie podrá deducir más de 163 mil 467 pesos o del 15% del total de los ingresos del contribuyente, incluidos los donativos.

De cara a ello, el PRI anuncia reservas al proyecto.


Para el PRI, con esta iniciativa el gobierno de Morena muestra su insensibilidad con la labor social que realiza la sociedad civil en favor de grupos vulnerables, ya que “si no les dan, que no les quiten”, dijeron.

De aprobarse las modificaciones propuestas, habría una afectación directa a más de cinco mil organizaciones donatarias constituidas, por un total de poco mas de 8.2 millones de pesos, perjudicando acciones de asistencia jurídica, orientación en problemáticas de maltrato y violencia, apoyo a personas con discapacidad, y servicios médicos, atención a procesos educativos de niñas, niños y adolescentes, ayuda en sus tratamientos médicos y hospitalarios, y apoyo en albergues y casas hogares.

Y si bien, es una medida que busca recaudar más impuestos, es poco lo que le representa para el erario y mucho para las organizaciones de la sociedad civil, ya que perjudicaría a dos millones de familias en condición de vulnerabilidad.

Por su parte Tania Ramírez, presidenta de la Red de Derechos de la Infancia en México (Redim), calificó la propuesta del Ejecutivo como medida con efectos regresivos en términos de Derechos Humanos.

Recordó que ya hubo bajas entre este tipo de organizaciones cuando la actual administración decidió dejar de darles apoyo y puntualizó que el 74% de las OSC reciben recursos en carácter de donatarias calificadas.

“Nos parece también que esta medida atenta contra el sentido de la solidaridad y de la corresponsabilidad, tan importantes de fomentar en la cultura mexicana y más aún en un contexto de crisis por pandemia y económica.

“Si bien tres de cada cuatro personas en las OSC son voluntarias (lo que indica que el trabajo e impacto positivo siempre es mayor al de los ingresos que obtienen), operar y coordinar este trabajo depende de organizaciones en buen estado económico”, añadió la defensora.

En tanto, David Pérez Rulfo, presidente de Corporativa de Fundaciones advirtió que el gobierno no entiende que lo que se dona no es lo que el Estado deja de recaudar, ya que el trabajo de las Organizaciones de la Sociedad Civil multiplicar cinco veces ese valor a la hora de ayudar.

Por último, Kenji López, presidente de Cancer Warrior dijo que a mayor trabajo de la sociedad civil hay tristemente mayor restricción.

Cualquiera pensaría —decimos en The Búnker—que el gobierno quisiera ser el único agente donador en la República.


Con Información de El Economista.

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