Hasta 5 años puede tomar la investigación de Pío López Obrador: INE

Especial

Por: Redacción

• 17/10/2021

Sabia virtud de conocer el tiempo, podría decir Pío López Obrador. La denuncia en su contra por recibir bolsas de efectivo “para el movimiento”, durmió en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), bajo la protección de José Luis Vargas, el sueño de los justos por más de un año (electoral).

Defenestrado el mejor conocido como Magistrado Billetes, el asunto pudo seguir su curso y éste pudiese tomar hasta ¡cinco años!

El Instituto Nacional Electoral (INE) tiene hasta cinco años como plazo máximo para resolver el caso de Pío López Obrador, aunque a las autoridades como a los implicados, “les conviene que se resuelva cuanto antes”, por lo que es fundamental que todos colaboren, sostiene el consejero presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto, Jaime Rivera.

La entrevista es de MILENIO y en ella el consejero Rivera considera que la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que les permitió continuar con la investigación, “ayuda a quitar los obstáculos” que han enfrentando durante un año de indagatoria, pues, explicó, que a pesar de que el plazo para resolver es de cinco años e incluso podría ampliarse, lo mejor es resolver cuanto antes.

“Hay un límite máximo de investigación de este tipo de casos de cinco años, pero podría ampliarse si hay nuevos hechos, ese plazo máximo no tiene que agotarse, a las autoridades les conviene que cuanto antes se resuelva este caso, y a las propias personas denunciadas puede convenirles aportar toda la información que tengan para que la investigación llegue a una conclusión que puede ser que conduzca a alguna sanción, a la absolución o simplemente a que no hay elementos de prueba y que el caso tuviera que cerrarse, pero eso no se puede adelantar ni en el tiempo ni mucho menos en cuanto a los resultados”.

Por meses, en las sesiones del pleno del Consejo General del INE, consejeros y representantes de partido han denunciado resistencias por parte de las autoridades, principalmente de la Fiscalía General de la República, para aportar datos y elementos sobre la investigación en contra del hermano del presidente, Pío López Obrador, así como de David León y Morena por la entrega de dinero en efectivo, que pudiera haber sido utilizado en campañas electorales.

Rivera dice que “no tenía confirmado” si la Unidad Técnica de Fiscalización (UIF) ya emitió nuevos requerimientos con el respaldo de la sentencia del TEPJF, pero que, por ahora, analizan el caso con la información que ya habían entregado el SAT y la propia UIF.

No obstante ello, Santiago Nieto, titular de la UIF ya había revelado a Milenio Televisión que no encontró ningún elemento irregular en las cuentas y movimientos financieros del hermano del presidente de la República.

“Y en algunos casos como la Fiscalía, ha invocado el principio de la secrecía de las investigaciones penales pero es un hecho que una autoridad investigadora, como lo es el INE, también tiene derecho a conocer información que sea de utilidad para la indagatoria que está realizando, guardando la confidencialidad debida, eso hay que decirlo, todas las investigaciones que realiza el INE se hacen sobre el principio de presunción de inocencia, garantía de derecho de audiencia para los denunciados, deben tener todo el derecho a defenderse y alegar lo que les convenga”.

En otras palabras, el debido proceso de ley, tan vilipendiado en otros casos desde Palacio Nacional.

Regresando al consejero Jaime Rivera, éste insistió en que se trata de una investigación compleja, pues incluso la sentencia del TEPJF señala que el INE debe aclarar si este dinero llegó no solo a Morena, sino a campañas o candidatos en específico, y sobre todo, si el dinero se utilizó en la campaña presidencial del 2018 de Andrés Manuel López Obrador o cualquier candidato morenista.

No obstante ello, se pudieran generar nuevas líneas de investigación o en el transcurso de ellas llegar a nuevos indicios o hipótesis

El año pasado, el INE envió a Pío López Obrador y David León un cuestionario idéntico en el que se les pregunta por el origen y destino de 2.4 millones de pesos que habrían intercambiado en el 2015, sus encuentros, el número de entregas y la entrega de la presunta “biblia” en la que el hermano del presidente señala —en uno de los videos difundidos— que llevaba el registro del dinero que recibió.

El hermano del presidente acusó que algunas de las preguntas violaban en su contra el principio de presunción de inocencia e inducían a incriminarlo, por lo que llevó el caso del TEPJF que, después de casi un año de espera, resolvió contrario a sus pretensiones de frenar la pesquisa. Que ahora están de nuevo a cargo del INE y en curso.

Con información de Milenio.


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