La ley

lfmopinion.com

Por: Arturo Martinez Caceres

• 13/10/2021

Hay leyes buenas y otras no tanto, como la actual ley eléctrica que privilegia algunos cuantos, en detrimento de la mayoría, o en favor de un hipotético lejano futuro estado de cosas de generalizado bienestar.

La ley es el conjunto de preceptos y normas jurídicas establecidas por la autoridad competente en que se mandata o prohíbe algo en consonancia con la justicia y cuyo incumplimiento conlleva una sanción.

En cualquier caso, ninguna ley vigente es neutra en cuanto a qué clases sociales o grupos de interés se dirige para su más amplio beneficio, en el entorno de la llamada ‘lucha de clases’, definición de grupos de poder y negocios dominantes.

En México, las grandes empresas se hicieron socias de las empresas privadas productoras de energía, mayormente extranjeras, para beneficiarse de su baja relación consumo/precio, como otra variable del gasto corriente para así aumentar utilidades.

Cuando la presente administración ha tratado de corregir las costumbres, actitudes, reglamentaciones y leyes que privilegian a unos cuantos, y son, en efecto, ejemplos de corrupción, incluso institucionalizada y convenientemente disfrazada, se levanta un cúmulo de amparos, de protestas en periódicos y comentaristas asociados a los beneficios desiguales del modo dominante de producción y a los vínculos de negocios con intereses creados en el reparto del producto, de la riqueza y los ingresos.

Baste recordar que la distribución de la riqueza y el ingreso en México es tan desigual como en Haití. El 1% de la población más rica del país se queda con el 30% del producto (Naciones Unidas).

El 30 de septiembre pasado, el famoso, muy querido y odiado pejePresidente, envió a la Cámara de Diputados, para su discusión, modificación y en su caso, aprobación el proyecto para modificar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución.

Se trata básicamente de cambiar reglas del juego con relación a la generación, transmisión, distribución y consumo de energía en todo el país y fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), frente a las condiciones de marginación a que fue condenada en la llamada Reforma Energética de las administraciones de Peña y Calderón.

Por la importancia de la iniciativa y afectar intereses privados poderosos, el camino para su aprobación será tortuoso: de la Cámara de origen, pasará al Senado, podía regresar con los diputados y luego a las legislaturas estatales. Requerirá de mayoría calificada por ser constitucional la modificación proyectada.

Oiremos las consabidas críticas a todo lo que significa la 4T y en contraparte, el paraíso que es para el futuro (lejano), el que empresas privadas y extranjeras sean las mandonas en el mercado nacional: bajos precios, ambiente limpio y seguridad. Se dirá que el estado es mal administrador y que los empresarios son magníficos, modernos, eficientes y magnánimos.

Lo anterior no siempre ha sido cierto, baste recordar el rescate a Alfa el siglo pasado por Banobras, el caso icónico y muy lamentable de Mexicana de Aviación cuyo exdueño se pasea como Lozoya, pero fuera del país y desde luego, el Fobaproa con deudas privadas de responsabilidad pública. En efecto, ‘se socializan las pérdidas y se privatizan las ganancias’.

La realidad muestra que las bondades del sector privado y su competencia en beneficio de los consumidores ha sido una mentira construida en verdades parciales, que produce asociaciones de precios entre productores, caos, concentración del poder y riqueza y altos precios diferenciados en desventaja de los menos protegidos, como está ocurriendo en general en Europa y escandalosamente en España.

La nueva iniciativa de ley de electricidad supone consolidar la responsabilidad de la CFE en el 54% del mercado nacional. Mejorar su eficiencia y la seguridad nacional en la materia, integrando empresas y reguladores a la propia Comisión. Se trata de garantizar el servicio a los casi 46 millones de clientes a precios por debajo de la inflación.

Se trata de terminar con contratos financiados por la banca de desarrollo otorgados a empresas privadas, especialmente extranjeras, por 25 años de vigencia, que obligan a la CFE a pagarles altos precios relativos y ser la ultima institución en el despacho de energías limpias. Además de que, hasta recientemente no habían pagado impuestos, promoviendo fraudes fiscales en socios aparentes como Bimbo, Oxxo, Kimberly Clark, Walmart, Femsa y otras grandes empresas.

Se asume que la CFE no puede producir energía limpia con moderna tecnología y protección del ambiente, lo que también es una falacia reiterada.

Además, la iniciativa define la explotación del litio y otros minerales como propiedad de la nación.

Es una iniciativa presentada para beneficio de los consumidores, a los que a la fecha las empresas dominantes han prometido el oro y el moro, sin cumplirlo.

En realidad, el estado actual de cosas de interés privado es una muestra más de los deleznables modelos de corrupción a que se enfrenta la presenta administración.

Cabe recordar el sistema de moches y prebenda otorgadas a los legisladores que aprobaron la Reforma Energética durante el peñato.

Por supuesto ha habido infinidad de críticas a la iniciativa e incluso a la posibilidad de que la mayoría calificada para su aprobación sumé el voto de diputados priistas

Al respecto, la respetada Beatriz Paredes, de largo historial en el sector público, en carta abierta, se define en contra del cambio y califica varias veces al presidente absurdamente como ‘dictador’. Cabe recordar que ella apoyó, en su tiempo, la rectoría del estado y sus planteamientos frente a opositores siempre fueron en forma elegante. Sin embargo, cuando se envejece se suele perder la memoria.

Ojalá pronto se cuente para beneficio de todos y no sólo de unos cuantos con una nueva ley que apoye el crecimiento del país, al través de la CFE y consolide la estrategia de desarrollo independiente y nacionalista que intenta la 4T.

Como dice el refrán popular: ‘Voy a tomar toda esa energía negativa y usarla como combustible’.


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