Riesgo e impactos de la contrarreforma energética

Pendiente

Por: Redacción

• 08/10/2021

Entre los riesgos e impactos de la llamada contrarreforma energética propuesta por el presidente López Obrador, destacan, al parecer de Gabriel Quadri: “estatización, restauración monopólica, embestida contra energías limpias, destrucción del mercado, inducción de contaminación y daños a la salud pública, violación de acuerdos comerciales internacionales, violación de tratados ambientales y de cambio climático, planificación central, discrecionalidad y concentración inusitadas de poder en unas solas manos, retroactividad, mayores costos de generación de electricidad y tarifas o subsidios más altos, gigantescos costos de indemnización y pasivos exorbitantes para el Estado mexicano, bloqueo a la inversión y empresas privadas, expropiación indirecta, y contubernio entre PEMEX y CFE para darle salida al combustóleo producido en las refinerías (30% de cada barril refinado)”.

En tanto que para juristas, de ser aprobada, los litigios internacionales que se instauren en protección de inversiones podrían tomar entre 4 y 5 años en resolverse e implicar altos costos para el Estado mexicano, advirtió la firma Sánchez Devanny.

"Estos procedimientos implicarán altos costos para el Estado mexicano, desde los costos para la defensa de estos procedimientos como también los derivados de las posibles condenas contra el Estado mexicano.

"El costo de manejo de los litigios nacionales e internacionales, así como las indemnizaciones a cubrir a los inversionistas y Estados involucrados, pueden ser enormes; se habla de 10 o 15 veces lo que significó la cancelación del aeropuerto de Texcoco ", advirtió Verónica Esquivel, socia industrial del despacho, durante el webinar "Amenazas de la contrarreforma constitucional en materia energética y medios de defensa".

Las empresas internacionales afectadas podrían agraviarse por violaciones a tratados y acuerdos internacionales en defensa de sus inversiones y demanda de reparación de daños.

Entre los tratados bilaterales puestos en duda destaca el Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRis), y entre los tratados multilaterales, el de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP11 o CPTPP, por sus siglas en inglés) o el de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM).

Si bien existe la posibilidad de que las partes en conflicto lleguen a un acuerdo, regularmente es difícil que suceda y mientras tanto los proyectos de mantienen detenidos, lo que constituye, además, parte de las indemnizaciones demandadas.

"Se pueden pedir, salvo que las partes hayan acordado lo contrario, medidas provisionales para preservar los derechos respectivos de cualquiera de las partes.

"Pero en muchos casos implica que la inversión está detenida y al final eso es parte de la fórmula de daños que se reclama", apuntó.

Ante ello, el medio de defensa, según Mauricio León, asociado de la firma, es el amparo indirecto, pero hasta que entren en vigor las reformas a la ley.

"Habría que ver cómo reaccionan los jueces, magistrados e incluso la misma Corte ante estos temas.

"La única vía sería un amparo indirecto. El primer reto es que el artículo 61 de la Ley de Amparo te dice que no procede el juicio de amparo contra una reforma constitucional, pero se puede buscar que se desaplique o que se module esta causal de improcedencia, pero implica retos de argumentación y de cara a la interpretación de jueces y magistrados", expuso.

Asimismo, en caso de ser aprobada la modificación constitucional, todos los juicios presentados con anterioridad, como aquellos contra la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) podrían quedar sin materia, porque lo que se apela en estos recursos es la afectación a la Constitución, pero si hay un cambio constitucional la afectación deja de existir, explicó.

Con información de El Economista y Reforma.


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