Ni pronta ni expedita, pero al menos justicia.

José Luis Vargas, magistrado ponente en el Tribunal Electoral, peleó hasta el final a favor de su proyecto de resolución. Perdió.

Contrario a los términos del discurso de la 4T, el proyecto de Vargas apostaba por el derecho, no por la justicia. Veamos.

El 20 de agosto de 2020, Carlos Loret de Mola hizo públicos unos videos —del 2015— donde se observa al hermano del presidente López Obrador, Pío López Obrador, recibiendo dinero en diversas ocasiones y locaciones de David León Méndez, entonces funcionario del gobierno de Manuel Velasco en Chiapas y en el 2020 a punto de hacerse cargo de una empresa estatal distribuidora de medicinas.

A instancias de quejas diversas, el Instituto Nacional Electoral (INE) instauró un procedimiento especial sancionatorio que, por artilugios legales, fue parado por un juicio en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que cayó providencialmente en la ponencia de José Luis Vargas, entonces presidente de la Sala Superior, y allí durmió el sueño de los justos hasta ayer, dejando pasar sin pena ni gloria el complejo proceso electoral de este año sin que el tema estuviese sobre la mesa y en la discusión.

Pasó la elección, cayó Vargas de la presidencia y, finalmente, ayer presentó su proyecto.

Proyecto que exoneraba lisa y llanamente a Pío López Obrador. ¿La causa argüida por Vargas? La prescripción del presunto ilícito desde 2018.

“Se trata de un asunto meramente de debido proceso”, dijo el magistrado Vargas Valdez al presentar su ponencia ante la Sala Superior del TEPJF. Debido proceso que tantas veces ha sido atacado por el presidente López Obrador como formalismo de derecho que impide que la justicia se cumpla. Y en él sustento José Luis Vargas su ponencia: se atentaría, dijo, contra la seguridad jurídica, la presunción de inocencia y el debido proceso, además de que a ningún fin práctico llevaría la investigación contra el hermano del presidente, sustentó Vargas ayer en el pleno de la Sala Superior.

Y ya montado en el garantismo concluyó que los actos del INE no están debidamente fundados ni motivados, por lo que generan un acto de molestia innecesario a Pío López Obrador, contrario a lo que señala la Constitución.

Finalmente alegó un trato diferenciado en razón del apellido inmiscuido en el caso: “Si nosotros le quitamos el nombre y apellido al actor, pues el asunto sería muy nítido, pero tratándose de un componente muy mediático a veces eso obedece a un tratamiento diferenciado”, dijo.

Pero se quedó solo y con su proyecto. La mayoría de los magistrados apostaron por la justicia. ¡Cosas veredes, Sancho amigo!

Y así, la Sala Superior dio luz verde INE para continuar y concluir la investigación en contra de Pío López Obrador, hermano del presidente de la República, por presuntos delitos electorales.

Por una mayoría de seis votos contra uno, las y los magistrados del pleno estimaron necesario que el INE concluya la integración del proceso sancionador y determine si Pío López Obrador es o no merecedor de sanción.

Cuando los videos fueron difundidos, el propio presidente y hermano del presunto infractor descartó que se tratara de un acto de corrupción y delitos del orden electoral y fiscal, toda vez que el dinero recibido por su hermano eran aportaciones ciudadanas para fortalecer su movimiento: Morena.

Pero ayer la mayoría de magistrados del más alto tribunal mexicano en la materia electoral determinó que el INE debe continuar la investigación y sea dicha instancia la que determine si hay o no delito que perseguir.

“La única vía en la que se puede llegar a tener certeza sobre las circunstancias de modo tiempo y lugar en que se verificaron los hechos denunciados, así como de la fecha en que se consumó algún ilícito en materia electoral, es permitiéndole justamente al INE desplegar su facultad investigadora”, sostuvo en la discusión Janine Otalora.

Discusión en la que sus pares dieron clases de derecho a José Luis Vargas, toda vez negaron que la investigación instaurada cause actos de molestia, viole la seguridad jurídica, el debido proceso y la presunción de inocencia en agravio del hermano presidencial.

“Contrario a lo dicho por el actor, los requerimientos de información que le fueron formulados por la responsable (INE) con motivo del emplazamiento, buscan dilucidar la veracidad de los hechos denunciados, lo que garantiza la acción y que él pueda ejercer una adecuada defensa y aportar las pruebas que estime necesarias”, sostuvo la magistrada Malassis. Aduciendo que de eso se trata el debido proceso. De otra suerte ningún proceso se podría instaurar para dilucidar los hechos y el derecho, si se admitiesen las valoraciones de Vargas.

Los magistrados que votaron porque el INE investigue a Pío López Obrador son Mónica Aralí Soto Fregoso, Janine Otálora Malassis, Felipe Fuentes Barrera, Felipe de la Mata Pizaña y el presidente Reyes Rodríguez Mondragón.

El magistrado Indalfer Infante se pronunció en contra del proyecto, pero por sobreseer el juicio; mientras que el magistrado Vargas Valdez defendió hasta el último momento la exoneración de Pío López Obrador. En el primer caso la exoneración dejaría en libertad al INE de continuar el proceso, en el segundo lo impediría, pero perdió Vargas.

La suerte de Pío está ahora en el INE. Se avecinan tormentas.

Y por pura casualidad, ayer Manuel Velasco, líder del Verde y jefe de David león cuando se entregó el dinero, se reunió con el nuevo secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para conversar sobre “las reformas necesarias para darle un nuevo impulso a la transformación del país”.

Me reuní en Bucareli con el Srio. de Gobernación @adan_augusto con quien conversamos sobre las reformas necesarias para darle un nuevo impulso a la transformación del país y los escenarios para abonar a la construcción de acuerdos y consensos en el Senado. pic.twitter.com/FZBtZ6bnb0

— Manuel Velasco (@VelascoM_) October 6, 2021

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Con información de El Financiero y Twitter.

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